El impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) -el tan traído impuesto de las hipotecas- es lo más últimamente. Todos nos hemos aprendido lo que dice el artículo de la Ley y hemos interpretado lo que hemos considerado oportuno, pero es lo suficientemente ambiguo como para que todos tengamos razón.
Los partidos políticos no han tardado en organizarse por bandos, a favor de que paguen los bancos o que no lo pague nadie. Los argumentos son los de siempre, el Pisuerga pasa por Valladolid y todo vale.
Este impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en definitiva debiera eliminarse o en su defecto, dejarlo como estaba, que sean los ciudadanos los que lo liquiden. Eso de pasarlo por la cuenta de resultados de los bancos es muy poco transparente y un mal negocio, además de que su carga no será asumida de la misma forma por todos lo clientes. Ahora ya no seremos sujetos pasivos y contribuyentes del impuesto, ahora somos clientes asumiendo un coste más del sistema financiero.
Pasar el impuesto por la cuenta de resultados de los bancos implica que el gasto se va a incrementar en 6.000 millones de euros, que es la recaudación anual estimada. Lo normal es que todos los presidentes, consejos de administración y la banca en general le estén dando a la maquinita de cómo incrementar los ingresos en la misma cantidad por lo menos, cómo repercutirlo. Primer efecto, si no compensas las pérdidas, el Impuesto de Sociedades será menor, algo que creo que afectaría a los Presupuestos Generales del Estado, y acaban de poner 1.500 millones de recaudación del Impuesto de Sociedades en el aire. Primer disparo al pie del presidente y doctor en Economía Pedro Sánchez y, a los Presupuestos Generales del Estado prorrogados o nuevos, da igual.
Los banqueros patrios, son competentes, ya saben cómo repercutir ese gasto entre sus clientes y no hace falta ser ingeniero cuántico. Se verá pronto en las comisiones de apertura, cierre, cancelación, los diferenciales de los intereses en los préstamos.
Aparentemente, este cambio de cromos de pagarlo a través del banco o directamente no debería afectarnos mucho, ni tan siquiera acalorarnos en una discusión con amigos que piensan lo contrario sobre la resolución del Tribunal Supremo y las medidas que pretende adoptar el Gobierno.
El poder de negociación del ciudadano y sujeto pasivo del impuesto frente al Estado es igual en todas partes, ninguna, pagas el impuesto y da igual si te apellidas Ortega o Gil, pero frente a un banco, el apellido cuenta, no es lo mismo Ortega que Gil, no son lo mismo las condiciones de sus cuentas y sus préstamos que las mías. Es lo normal, su poder de negociación es mayor que el mío. Segundo efecto, no todos vamos a soportar de la misma forma la repercusión del impuesto, mientras los que tengan mayor poder de negociación apenas verán variada su situación, el impuesto de facto se les habrá suprimido, lo que tengan menos poder de negociación verán incrementadas sus comisiones y de facto, una subida del impuesto.
El Estado va a recaudar lo mismo, los bancos van a ganar lo mismo previsiblemente pero, los ciudadanos nos repartiremos la carga de diferente manera. Creo que no hace falta explicar quiénes son ese grupo de ciudadanos que tiene menor poder de negociación.
Por eso y para evitar ese malentendido desagradable sobre la libre interpretación de los hechos y que algún avispado no tarde en decir que se han bajado los impuestos a los ciudadanos y se los han subido a la banca, veamos primero si los bancos dejan de ganar 6.000 millones o si ganan lo mismo. Veamos quién ha negociado sus condiciones con el banco y a quién se las han cambiado sin preguntar.
