Alfred Costa pide un cambio de la ley de À Punt en la nueva legislatura para simplificar la contratación 

VALÈNCIA. El director general de À Punt, Alfred Costa, ha comparecido este lunes en la comisión parlamentaria de radiotelevisión valenciana en Les Corts para dar cuenta de la ejecución del contrato programa. Una intervención en la que ha pedido de manera clara un acuerdo entre los partidos para un cambio de modelo de gestión del ente y de la ley en la legislatura que ahora comienza. 

Costa ha hablado de las numerosas dificultades que, de manera constante, llevan denunciando desde hace años, pero que las formaciones políticas no han sido capaces de abordar a través de una modificación de una norma de 2018. En este sentido, ha criticado la "lenta y farragosa maquinaria de la contratación pública". A modo de ejemplo, ha expuesto, si buscan la cesión de imágenes o documentales existe una serie de burocracia que hay que cumplir y que provoca que muchas empresas o trabajadores desistan de hacerlo por la tardanza y los problemas. 

Motivos por los que ha pedido que la simplificación de los procedimientos administrativos se traslade también al sector audiovisual y que las pymes puedan acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que los grandes productores. 

Costa no sólo se ha referido a los contenidos, sino a los problemas de gestión de personal. Así, ha señalado que necesitan "garantizar la atracción y la retención de talento con nuevos perfiles profesionales ejecutivos". En su opinión, una de las grandes dificultades es que tiene que aplicarse la contratación publica laboral de la administración, cuando la lentitud de esos procesos "fricciona" con la gestión de una radiotelevisión, que se mueve por la inmediatez.  

Así, ha apuntado a la urgencia de tener mayor rapidez en cuestiones como la sustitución de bajas, de permisos o de excedencias, puesto que, ha admitido, ha estado en peligro la emisión de algún informativo y de algún programa por la complicación con las sustituciones de trabajadores. Además, ha instado a la puesta en marcha de un convenio colectivo, lo que permitiría adaptar el control del trabajo. 

En definitiva, el director general de À Punt ha pedido "agilidad interna" para tener "una televisión competitiva" que aumente en audiencia, fidelización y calidad de contenidos. Algo que considera que se lograría con el citado cambio normativo y con un "contrato programa más pragmático". 

Fusión de sociedades

Costa ha hecho hincapié en la fusión de las dos sociedades que componen À Punt –la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)–. Algo que lleva años encima de la mesa pero que ningún partido ha abordado. En oposición de Costa, con ello se podría simplificar la gestión, se ahorrarían costes y se recuperaría la capacidad de contratación. Además, ha planteado que una dirección general ejecutiva con funciones de CEO también podría ser una una solución. 

"¿Si el modelo de creación desde el principio nunca convenció, no creen que ha llegado el momento de negociar entre todos los grupos el modelo de la televisión por encima de intereses partidistas?", ha preguntado a las formaciones. "No se puede funcionar como una administración pública y esperar los resultados de una empresa privada", ha añadido. 

El director general de À Punt ha cuestionado los sistemas de medición de audiencia que se les aplica. "Somos la cadena con mayor volatilidad de toda España", ha dicho. En este sentido, ha comentado que las cadenas que más han crecido son aquellas que emiten series turcas. 

Costa ha remarcado el grado de cumplimiento del contrato programa tanto en inversiones como audiencia, producciones, programación y publicidad (3 millones de euros en 2022, de los cuales 200.000 son de publicidad institucional) pese a la escasa flexibilidad que les otorga. De este modo, ha admitido que algunas inversiones que la ley incluye como obligatorias chocan en muchas ocasiones con los intereses financieros y de contenidos que tienen. 

Costa ha pedido, del mismo modo, que el Consell realice la aportación por el gasto derivado del IVA, lo que provoca tensiones de tesorería. Otros gobiernos autonómicos, ha indicado, han realizado una subvención reintegrable en función de lo que falle la justicia. Si no se viera afectada por la facturación a la Corporación y por el IVA, ha comentado, el ente habría cerrado el año 2022 con 1,6 millones de beneficio. 

Costa ha señalado que la apertura de la delegación de Alicante la posponen para 2024 y que el segundo canal de radio se encuentra pendiente de multitud de tramitaciones, algunas de ellas por parte del Gobierno central. Igualmente, ha hablado de los contenidos en castellano para incidir en que la ley recoge que es que se puede emitir cualquier contenido en castellano rodado originariamente en esta lengua. Pero en ocasiones eso lo marca la venta de los derechos y no lo hacen en castellano.