CASTELLÓ. El pleno del Ayuntamiento de Almassora abordará el próximo lunes en el pleno municipal una moción presentada por la alcaldesa, María Tormo, para la defensa de la legalidad de las viviendas ubicadas en la zona de la playa incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado el 5 de noviembre de 1998 con todos los informes favorables.
Según ha informado el consistorio en un comunicado, se trata de un asunto que la empresa bp, instalada en el polígono del Serrallo, vuelve a cuestionar, como ya sucedió en el 2006, pero esta vez a través de la vía judicial en la demanda presentada ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón contra el Plan Acústico Municipal (PAM) de la localidad. En dicha demanda, además de alegar en contra del PAM, la mercantil reclama sacar de ordenación urbana las viviendas situadas junto al polígono, señalan fuentes municipales.
La alcaldesa se ha reunido con los portavoces del resto de grupos municipales para tratar la problemática y hacerles llegar el documento “para que pueda convertirse en una declaración institucional e ir todos juntos de la mano en un asunto de máxima importancia para Almassora y para los almassorins”. “Cualquier injerencia chocará frontalmente con el Ayuntamiento de Almassora que defenderá siempre el interés legítimo de los propietarios de dichas viviendas”, ha insistido la alcaldesa.
“Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Almassora están trabajando en ese asunto, porque defenderemos a ultranza en los tribunales los intereses de nuestro pueblo con todas las herramientas legales a nuestro alcance”, ha destacado Tormo.
En la moción se recoge que, si se analiza la situación urbanística del municipio, “queda perfectamente demostrado que la clasificación como urbanizable del suelo de Almassora afectado es anterior a la instalación de la mayoría de las industrias de dicho polígono, porque en los años 60 ya existían edificaciones residenciales en la zona de la playa de Almassora y la empresa BP no existía antes de 1967. Además de numerosas alquerías y villas más o menos alineadas con los caminos Om Blanc, Catalans y Benafelí, antes de 1967, ya existían núcleos de apartamentos como los de Benafelí, Catalans, Panyet de San Ramón y otros varios”.
Además, en la moción se detalla que el Plan General de Ordenación Urbana actual (1 de diciembre de 1998) fue aprobado de forma definitiva por la Generalitat Valenciana con todos los informes favorables y sin haberse formulado, en el trámite de información pública correspondiente, alegación alguna relativa a la proximidad del Polígono El Serrallo por parte de ninguna empresa de este ni por parte de cualquier otra Administración autonómica o estatal.
Por todo ello, el equipo de gobierno (o la totalidad de los grupos si hay acuerdo) propondrá al pleno del Ayuntamiento de Almassora el siguiente acuerdo:
Primero: ratificar el compromiso claro y decidido de la Corporación municipal en la defensa de los intereses de los vecinos de Almassora y sus propiedades y bienes ubicados en el litoral ante cualquier tipo de planteamiento por parte de las empresas ubicadas en el polígono de El Serrallo relativo a cuestionar la “existencia” de las edificaciones ubicadas en dicha zona.
Segundo: ratificar y respaldar a la Alcaldía y, por ende, al Ayuntamiento de Almassora, en cuantas acciones se tomen para exigir de los organismos y administraciones competentes que realicen las inspecciones necesarias a las empresas ubicadas en el Polígono El Serrallo, que se verifique el estricto cumplimiento por aquellas de todo tipo de normativa medioambiental o de riesgos que les sea de aplicación, todo ello en aras de garantizar la seguridad y derechos de los vecinos, propiedades y bienes situados en el término municipal de Almassora.
Tercero: dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Castellón; a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio; a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; a la Conselleria de Justicia y Administración Pública, así como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio de Industria y Turismo para su conocimiento y acciones que procedan.