CASTELLÓ (EFE). La Agencia Valenciana Antifraude ha recomendado al Ayuntamiento de Burriana que reclame 21 millones de euros al agente urbanizador del PAI 'Sant Gregori', en concepto de penalidades por incumplir el convenio urbanístico.
La investigación de Antifraude se inició tras recibir una denuncia sobre la existencia de presuntas irregularidades administrativas en la ejecución de un convenio urbanístico firmado entre ese Ayuntamiento y el agente urbanizador adjudicatario del PAI de 'Sant Gregori', y la falta de reclamación de penalidades por incumplimiento de plazos.
La resolución de Antifraude establece un plazo de tres meses para que el Ayuntamiento informe del inicio del procedimiento de reclamación de penalidades, o en su caso de los motivos que le puedan impedir seguir esta recomendación.
También recomienda que, como regla general, se evite la contratación de informes de asesores jurídicos externos sobre materias ya informadas de manera concluyente por los funcionarios municipales, y que en caso de hacerse se acredite de forma expresa la necesidad de la contratación y que si es una contratación menor se pidan tres presupuestos.
Según la denuncia, el convenio urbanístico se firmó en 2005 y recogía que, en caso de incumplir el plazo de ejecución, el Ayuntamiento declararía la caducidad de la adjudicación e incautaría las fianzas depositadas, sin perjuicio de imponer las penalidades establecidas en la ley de contratos de las Administraciones públicas.
Añade que en 2016 el pleno del Ayuntamiento acordó revocar la adjudicación de agente urbanizador e incautar la fianza por incumplimiento de plazos, tras de una demora de cuatro años en construir el campo de golf y de dos años en el proyecto de urbanización.
No obstante, tras un recurso de reposición en 2019 se alcanzó un acuerdo transaccional y devolvió al promotor la condición de agente urbanizador y la fianza, sin que se hayan reclamado las penalidades pactadas, según la denuncia.
Antifraude considera acreditado el incumplimiento de los plazos de las fases 2 y 3 del convenio por causas imputables al agente urbanizador, y ha constatado que no se han reclamado penalidades por ello hasta marzo de 2016, cuando se resolvió la condición de agente urbanizador, cuya cuantía estima en 21 millones de euros.
