Antifraude impulsará un cambio de la ley para extender su actuación a las empresas privadas

VALÈNCIA. La nueva normativa nacional sobre la protección de las personas denunciantes de corrupción tiene un efecto directo sobre la Agencia Valenciana Antifraude, que podrá extender su ámbito de actuación a las empresas privadas y no dedicarse sólo a la administración pública como hasta ahora. Una novedad que debería introducirse a través de un cambio de la ley que se aborde en Les Corts. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este martes la norma, que entrará en vigor el próximo marzo y supone la transposición de la Directiva Europea 2019/1937 de la protección de las personas denunciantes de corrupción, más conocida como Directiva Whistleblowing. En ella se regula la protección de aquellos que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción tanto en el sector público como en el privado. 

La ley recuerda que se pueden denunciar hechos constitutivos de posibles delitos o infracciones en las entidades financieras (como bancos), los partidos, sindicatos, patronales y fundaciones que reciban fondos públicos, la contratación pública, la seguridad del transporte, la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, la legislación laboral, el consumo o la alimentación, entre otros.  

La norma establece que se habilitarán canales de denuncia tanto internos como externos. En el caso de los internos, tendrán que estar obligatoriamente en la administración pública –en todas las instituciones, incluyendo los ayuntamientos independientemente del número de habitantes del municipio– y en las empresas que cuenten con más de 50 empleados. "Siendo conscientes del coste que esta nueva carga pueda generar en las empresas, la ley admite que, aquellas que superando la cifra de 50 trabajadores y cuenten con menos de 250, puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa", señala el texto legal.

La norma destaca que la generalización de un sistema interno de información "facilitará la erradicación de cualquier sospecha de nepotismo, clientelismo, derroche de fondos públicos, financiación irregular u otras prácticas corruptas".

El procedimiento sancionador recoge multas que oscilan entre los 1.001 y los 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y entre los 100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas en función de la gravedad de la infracción. También incluye otros castigos como la amonestación pública; la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años; o la prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años.

A modo de ejemplo, se considera infracción muy grave cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar denuncias o de impedir, frustrar o ralentizar su seguimiento, incluida la aportación de información o documentación falsa por parte de los requeridos para ello. También la adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes o las demás personas incluidas en el ámbito de protección; la vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato del denunciante; o la vulneración del deber de mantener secreto sobre cualquier aspecto relacionado con la información.

En cuanto a los canales externos, serán llevados tanto por la Autoridad Independiente de Protección del Informante a nivel nacional –con competencias en toda España– como por autoridades independientes análogas en los diferentes territorios. En el caso de la Comunitat Valenciana, depende por tanto de la Agencia Antifraude. 

Tal como remarca la propia entidad en un comunicado, en los canales que ésta puso en marcha a principios de 2018 han recibido más de mil denuncias. En estos momentos, la agencia valenciana "es la única autoridad en España que cuenta de forma activa y desarrollada con un Estatuto de Protección de la Personas Denunciantes de Corrupción", señala. Fue a finales de 2017 cuando Antifraude protegió por primera vez a una persona denunciante y en estos momentos son 29 las que están protegidas, "la cuales se unen a los varios centenares que a lo largo de estos años han recibido asesoramiento jurídico".

La entidad que dirige Joan Llinares expresa que Les Corts Valencianes se adelantaron siete años a la nueva normativa que ahora entra en vigor con la ley de creación de la agencia como autoridad autonómica competente en materia de prevención y lucha contra la corrupción.

La cuestión ahora es cómo puede afectar la aprobación de la norma nacional a Antifraude. Y, ciertamente, es de manera directa, aunque está en manos de los partidos el alcance. La ley da seis meses para la adaptación de los canales externos de denuncia. Esto quiere decir que habría que plantear un cambio de la normativa que regula la agencia teóricamente en ese periodo de tiempo para adaptarla. 

Más presupuesto para Antifraude

Serán, por tanto, Les Corts las que tendrán que abordar estas modificaciones. Cumplir con el plazo de medio año resultará prácticamente imposible debido a la celebración de las elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo. El Parlamento autonómico tendrá que disolverse, como máximo, el 3 de abril, por lo que en el tiempo que resta y con las cuestiones que todavía quedan pendientes queda descartado que este asunto se aborde en la presente legislatura. Además, tampoco parece que vaya a ser una prioridad para las formaciones en este momento. 

Ya a partir de la constitución de las nuevas Corts, los partidos tendrán que empezar a pensar en plantear la modificación de la ley de Antifraude. Ésta se puede realizar por propuesta del Consell, de los propios grupos parlamentarios o de la agencia. En caso de que los dos primeros no lo impulsen, fuentes de la entidad confirman que ésta sí lo hará para cumplir la ley. 

Aunque se trata de una adaptación y en apariencia sencilla, habrá que comprobar la responsabilidad que cada partido quiere adoptar en un asunto como que Antifraude pase a actuar también en las empresas privadas. Máxime por varios motivos. Uno, por los antecedentes de escaso interés que los grupos del Botànic –al frente del Ejecutivo autonómico e impulsores de la agencia– han mostrado sobre cualquier cuestión concerniente a ella tras sus molestas investigaciones sobre actuaciones de la izquierda. Dos, por lo controvertido que resulta tocar al ámbito privado. Y tres, por lo que supone que extienda su fiscalización: más medios personales y materiales y más recursos económicos. En definitiva, más presupuesto. El resultado se verá la próxima legislatura.