Vista de los hospitales de campaña junto a La Fe en 2020. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha retomado la investigación de una de las medidas estrella del anterior Consell conformado por el PSPV, Compromís y Unides Podem durante la primera ola de la covid: la construcción de los tres hospitales de campaña en la Comunitat Valenciana
Fue a finales de 2020 cuando la entidad puso el foco en las contrataciones con el inicio de una investigación a través de la que pidió numerosa documentación a la Generalitat. Tras unos meses de indagaciones, la agencia decidió remitirlas a la Fiscalía por si pudiera haber delito.
Por aquel entonces, Anticorrupción tenía centralizado en Madrid todo aquello relacionado con los contratos de emergencia de la pandemia, incluyendo los impulsados en las autonomías. En el caso de otros territorios, hubo alguno que siguió adelante, pero el de los hospitales de campaña de la Comunitat Valenciana acabó siendo archivado al no encontrar la Fiscalía indicios suficientes de delito. Según ha podido saber este periódico, la investigación fue entonces devuelta a Antifraude, que la ha retomado y tendrá que elaborar su informe final.
En el momento de los hechos –2020– la Generalitat recurrió de manera generalizada –consideraba que de forma justificada– al uso de los procedimientos de emergencia para los contratos relacionados con el coronavirus. Es decir, para que la adjudicación fuera sin concurso. En el caso de los hospitales de campaña se dio a la empresa Idat (formada por Hispano Vema y Bellcomm), constituida formalmente en febrero, y a la que adelantó 2,4 millones de euros de los 4,9 del coste total de entonces (entre instalación, camas, material sanitario y equipamiento).
De entonces porque la adjudicataria reclamó a la Generalitat 2,64 millones más al entender que se habían encargado una serie de actuaciones adicionales que no se contemplaban en el contrato, como por ejemplo la inclusión de más módulos para ampliar la distancia entre las camas. Tras un informe encargado a Tragsa por el Gobierno valenciano, se concluyó que sí existía un sobrecoste de 1,4 millones, poniendo sobre la mesa este acuerdo a Idat. Pero la cosa fue a más, y después el grupo Hispano Vema le reclamó 8,6 millones a la Generalitat. Finalmente, la Administración valenciana abonó esos 1,4 millones de sobrecoste valorados por Tragsa.
Toda esta manera de actuar despertó las sospechas de la Agencia. Las indagaciones, iniciadas tras una denuncia, fueron dirigidas a averiguar que se cumplieron todas las garantías en los pliegos de condiciones a la hora de contratar de manera directa con una sola empresa la construcción de unas infraestructuras que supusieron un montante considerable de dinero público. A lo que se fueron añadiendo un cúmulo de dificultades.
El departamento de Emergencias, dependiente en ese momento de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, fue el encargado de la puesta en marcha de los hospitales, ubicados junto a los centros de referencia de las tres provincias. Con una anunciada capacidad inicial de 1.100 camas, nunca fueron utilizados para su misión inicial de albergar a personas contagiadas de coronavirus en el caso de una elevada presión asistencial en la sanidad valenciana.
Dar cumplimiento al anuncio supuso un conflicto entre la Administración y la adjudicataria porque la segunda entendía que algunos encargos no estaban en el contrato suscrito por procedimiento de emergencia. Lo que provocó el mencionado sobrecoste. También hubo otros problemas como el retraso en la implantación y en los plazos de entrega del equipamiento, el cuestionamiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones o el hecho de que las infraestructuras no se recepcionaran ni tuvieran licencia municipal.
Antifraude reclamó documentación a la Conselleria de Sanitat que dirigía Ana Barceló y que le ha sido facilitada. Entre los requerimientos se encontraban los expedientes tramitados en 2020 en que haya participado la mercantil Idat. También la identificación de los departamentos y personas responsables de la gestión y tramitación administrativa de cada uno de esos expedientes.
El expediente de tramitación de emergencia fue firmado en marzo de 2020 por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo –quien ostentaba las competencias de Emergencias–. En él se adjudicaba a Idat los trabajos de los hospitales de campaña.
Ahora, Antifraude deberá finalizar su investigación con un informe de conclusiones donde valore si existen o no irregularidades en las contrataciones y, por tanto, si hubo una infracción de la normativa. No se trata del único sobre contratos de emergencia. En julio de 2022 la agencia ya detectó sobrecostes y comisiones de dos millones de euros en los relativos al material contra la covid.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
