VALÈNCIA. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha criticado este lunes al Gobierno de Ximo Puig y al de Joan Ribó en el Ayuntamiento de València por, a su juicio, no haber hecho los suficientes esfuerzos para atraer la edición de 2024 de la Copa América de vela, que según ha anunciado la Generalitat de Cataluña, se celebrará en Barcelona.
Según ha expuesto la asociación que preside Vicente Boluda en un comunicado, ante la decisión de que la 37ª edición de la America’s Cup no se celebre en València sino en Barcelona, "la Junta Directiva de AVE lamenta profundamente que el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana no se hayan implicado lo suficiente para conseguirlo, pese al apoyo mostrado por la sociedad civil en general y el mundo empresarial en particular".
AVE destaca que, según la estimación contemplada en un estudio en el que participó Cámara Valencia, la competición habría generado un impacto en la economía local superior a 400 millones de euros, con tres millones de euros para la rehabilitación de infraestructuras, un gasto potencial del turismo nacional y extranjero de 70 millones de euros y la proyección internacional derivada de una audiencia mundial de 940 millones de personas.
La Junta de AVE añade que "tiene constancia de que algún proyecto financiero de envergadura estaba barajando València y finalmente se irá a Málaga, como sucedió en su día con otros proyectos de telecomunicaciones en detrimento de Alicante". El proyecto que recaló en Málaga podría ser el de un nuevo hub europeo de jóvenes expertos en finanzas que Citigroup anunció el pasado 15 de marzo.
"Como sociedad civil, debemos dar un paso al frente y trabajar para atraer estos proyectos a la Comunitat Valenciana y exigir a nuestros gobernantes que se alineen con los intereses generales de la Comunitat Valenciana y no con los suyos propios y particulares" han lamentado los socios en el comunicado.
Junto a estas críticas, la Junta Directiva de AVE se ha congratulado del anuncio por parte de Volkswagen de la elección de Sagunt como sede de su futura fábrica de baterías para vehículos eléctricos, que generará una inversión cercana a 7.000 millones de euros y 3.000 empleos, y ha valorado su impacto para la economía de la Comunitat Valenciana en general y de la industria del sector del automóvil en particular. "Felicitamos a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Sagunto por su implicación en la consecución de un hito tan relevante para la economía y la sociedad de la Comunitat Valenciana", han expresado.
A la reunión de la Junta Directiva de AVE celebrada en València han asistido por primera vez los cinco nuevos miembros tras la aprobación de su incorporación en la Asamblea General celebrada el pasado 22 de febrero: María José Félix (Helados Estiu), Myriam Gimeno (Grupo Gimeno), León Grau (Himiesa), Enrique Riquelme (Empresas del Sol) y José Miguel Rosell (S2 Grupo).
Antes de dar comienzo a la sesión, los miembros de la Junta Directiva han dedicado un emotivo reconocimiento a quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante y asociado de AVE, Juan Antonio Gisbert, recientemente fallecido, de quien han resaltado su liderazgo y sus valiosísimas aportaciones para el crecimiento del puerto.
AVE también ha querido tratar la situación del paro de transportistas. Después de dos años de pandemia y en un contexto de aumento constante de la inflación, de los costes energéticos y de las materias primas, AVE afirma que España no puede permitirse ni un día más de paro de los transportistas, porque amenaza la recuperación económica y del empleo, además de constituir un serio riesgo de desabastecimiento tras más de dos semanas de protestas. "Los indicadores económicos que vienen son muy negativos y la situación va a empeorar", han añadido.
"El Gobierno de España debe y debería haber asegurado el derecho a trabajar de todos aquellos transportistas que lo deseen, como hicieron desde el principio los países de nuestro entorno, y ser contundente con las acciones vandálicas que, lamentablemente, se están produciendo aún a día de hoy", ha lamentado la Junta de AVE, que considera que la reforma que suprimió las penas de cárcel para quien coaccionara a otro para hacer una huelga, fue un error. "El Gobierno no puede ponerse de perfil, sino que debe negociar con los transportistas y adoptar medidas de carácter urgente e inmediatas orientadas a que el paro no siga adelante y se garantice la cadena de suministro, de manera que las empresas puedan atender a sus clientes con normalidad", han destacado.