El cap i casal acoge el seminario España Polifónica y Desconcentrada, como pueden ver la originalidad (y cursilería) para denominar a los encuentros institucionales, así como a los ministerios, parece no tener límite. El debate sobre descentralizar las instituciones del Estado vuelve a la palestra.
La España actual posee una estructura administrativa y política descentralizada, con el estado de las autonomías como gran referente de la etapa democrática desde finales de los años 70. Tres administraciones que se complementan y a veces se solapan: local, autonómica y nacional. Sin olvidar la provincial, aunque con menos peso e importancia, pero sigue formando parte desde que la ideara Javier de Burgos allá en 1833, dividiendo a España en 49 provincias. La llegada de las comunidades autónomas dejó en un segundo plano a las provincias, no las anuló, pero parecen un simple reducto del pasado sin utilidad.
La realidad es que cuando vemos que existen las diputaciones formadas por concejales de los diferentes municipios que hay en cada provincia y conocemos las funciones que realizan en cientos de municipios, podemos entender que tiene lógica su existencia, tanto por motivos históricos, de organización territorial (siguen utilizándose en las elecciones nacionales como circunscripción electoral) como de proveedor de servicios a muchos pequeños municipios. La Diputación de Valencia utiliza un lema muy explicativo sobre cuál es su función: Ayuntamiento de ayuntamientos. Porque no todo son grandes municipios que pueden recaudar y ofrecer multitud de servicios a sus habitantes.
Uno de los asuntos más debatidos, promovidos y reivindicados en estos años de democracia en España, es el de la descentralización. Teóricamente se parte de la idea de que durante el franquismo la estructura administrativa del estado estaba fuertemente centralizada, siendo Madrid el epicentro de todas las instituciones y de donde emanaban las decisiones políticas. Y considerando que esa inercia seguía y sigue en las últimas décadas del siglo XX e incluso en el XXI. No vamos a analizar toda la evolución administrativa y compararla con otros países, pero todos entendemos que la figura de una capital política o administrativa en cada país es algo natural principalmente por motivos prácticos y también históricos: Roma, París, Londres, Berlín y Madrid.
En España se realizó una primera descentralización con la creación de las comunidades autónomas, algo que está asumido entre otros motivos por la cantidad de empleo público que crea cerca de casa. Porque suele confundirse, de manera intencionada, la defensa de la descentralización administrativa y la de gestión directa, así no hay posibilidad de reflexionar sobre el modelo. Es decir, que deba haber hospitales donde la cantidad de población y las condiciones demográficas lo estimen oportuno es algo más que razonable, pero que, en lugar de un ministerio de sanidad con delegaciones en todas las provincias, existan en cada comunidad una consejería y cientos de organismos públicos relacionados con cada una de ellas, quizá es posible replanteárselo. Y el ejemplo de la Sanidad es siempre el más delicado, pero si hablamos de los ministerios o consejerías variopintos que no dejan de crearse, es para echarse a llorar.
Tras la España de las autonomías, llevamos años escuchando que hay que abordar una segunda descentralización hacia los ayuntamientos, el clásico argumento de que son la administración más cercana al ciudadano y que resuelve sus problemas más inmediatos. También habría debate, pensemos en la policía nacional y la Guardia Civil, nos solventan los momentos más dramáticos: robos, accidentes, delitos de todo tipo y tienen una estructura centralizada y lógicamente con comandancias y comisarias repartidas en España (salvo donde los expulsan porque quieren tener a su propia policía por motivos ideológicos que no operativos).
Una vez más, porque ya hablamos de esto en la columna de ¿Por qué todo está en Valencia?, Ximo Puig en el marco del Seminario España Polifónica y Desconcentrada propone que las instituciones que conforman el estado central (su nombre lo indica con claridad) pasen a repartirse por toda España, como los polideportivos con piscina en cada municipio. La reivindicación se presenta con ideas dispares, algunas como que Puertos del Estado esté en Valencia suena a algo evidente porque en Madrid no hay puerto, pero una vez más la practicidad y utilidad de que todas las instancias oficiales estén en una misma ciudad, se olvida. Y también hay argumentos que a estas alturas me parecen difíciles de defender, el de que los que odian España si les pones el Senado en su ciudad se sentirán felices y más españoles que Lola Flores, cuando sabemos que no es no.
Para acabar algo que no deja de ser curioso, primero eran los polígonos industriales, luego los parques tecnológicos y ahora los hub de innovación y emprendimientos. Siempre con la idea de unir, centralizar, agrupar para generar sinergias y facilitar el trabajo, las relaciones profesionales y las comunicaciones. Algo similar sucede en la parte administrativa, institucional y burocrática, tiene bastante lógica que existan centros de poder donde se aglutinan ministerios, embajadas, juzgados y todo tipo de entidades. No por ello son ciudades donde se viva mejor, pero cubren una necesidad casi logística para el cómodo funcionamiento de la política y la economía.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal