CASTELLÓ. Priorizar subvenciones para proyectos que emergen en pueblos en riesgo de despoblación, un mayor acceso a préstamos financieros y ayudas fiscales o el fomento de la telemedicina son algunas de las medidas contempladas dentro del proyecto de Ley Integral de medidas contra la Despoblación en la Comunitat Valenciana, que ha sido aprobado este viernes en el Pleno del Consell. Un proyecto que, aunque todavía no concreta reglamentos específicos, sí perfila las primeras medidas del Consell para fijar población en el interior del territorio valenciano, atraer residentes y mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de los vecinos y vecinas de los 178 municipios considerados actualmente en riesgo de despoblación.
Y es que con esta ley, la Generalitat Valenciana busca incorporar la perspectiva rural a todas las acciones políticas y proyectos normativos impulsados por las diferentes consellerias. En palabras de la directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant), Jeannette Segarra, "es importante que a la hora de impulsar acciones tengamos puestas las gafas de la ruralidad para hacer una discriminación positiva pensando en la población del interior para garantizarles servicios básicos, favorecer la cohesión social y territorial y reactivar el tejido socioeconómico del mundo rural". En concreto, el documento consta de 42 artículos que aglutinan diferentes medidas dirigidas a jóvenes, a personas mayores o a emprendedores. Así como otras para garantizar el acceso a una educación y una sanidad pública y de calidad en los territorios rurales o a hacer más accesibles los servicios jurídicos.
De todas ellas cabe destacar, por ejemplo, las acciones en los Juzgados de Paz, que prevén transformarlos en modernas oficinas judiciales tecnológicamente avanzadas para que cuenten con todos los servicios de atención a la ciudadanía. En materia de educación, la ley garantizará una adecuada red de centros rurales agrupados en Educación Infantil y Primaria, así como la estabilización de plantillas docentes en escuelas rurales, incentivando las plazas de difícil provisión.
Del mismo modo, la nueva Ley Antidespoblación beneficiará a proyectos y actividades de tipo empresarial, social, asociativo, cultural o medioambiental de los pueblos en riesgo priorizándolos a la hora de recibir ayudas y subvenciones para favorecer la permanencia de las personas en el lugar de residencia y atraer nueva población. Además, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, se diseñarán y ofrecerán instrumentos financieros y mecanismos específicos para facilitar el acceso a la financiación, mediante programas de préstamos, avales o subvenciones, dirigidos a proyectos e iniciativas desarrollados en cualquiera de los 178 municipios en riesgo de despoblamiento.
Por su parte, en el ámbito sanitario, esta ley promoverá una asistencia farmacéutica que responda a las necesidades de la población residente en municipios despoblados apoyando el mantenimiento de las farmacias comunitarias establecidas en estas zonas y, de forma singular, se arbitrarán mecanismos para facilitar la asistencia farmacéutica en las localidades que no dispongan de farmacia. Asimismo se mantendrá el acceso a los servicios sanitarios preferentemente de forma presencial pero, al mismo tiempo, se incentivará el uso de la telemedicina y de tecnologías de la información y de la comunicación en los pueblos en riesgo de despoblamiento.
La Ley Integral de medidas contra la Despoblación en la Comunitat Valenciana es una de las medidas estrella que el Govern del Botànic ha llevado por bandera desde que llegó al poder en 2015. Cabe recordar que su compromiso siempre ha sido aprobar de manera definitiva esta ley en la presente legislatura y es por esta razón que, ahora que el tiempo apremia, el gobierno de Puig ha solicitado su tramitación urgente para que entre en Les Corts y que, de esta manera, puedan comenzar los trámites parlamentarios y aprobar la Ley Antidespoblación antes de las próximas elecciones de abril.
"Este gobierno no ha hablado simplemente de despoblamiento, sino que ha actuado y ha dado visibilidad. Comenzamos con un presupuesto que se ha incrementado en un 87% y acabamos con una ley. Nuestro compromiso ha sido saldar la deuda con todos los municipios del territorio afectado por la despoblación y cambiar esa imagen antigua de que el mundo rural es un territorio lleno de problemas, para hacer ver que está lleno de oportunidades y al que solo le faltaba inversión y ayuda por parte de las administraciones", señala la directora de Avant.