Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). La nueva propuesta de Ley de Vivienda del Departamento que dirige José Luis Ábalos recoge que en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en zonas tensionadas, los alquileres podrán subir como máximo un 10% en comparación con el contrato anterior, según se desprende del borrador al que ha tenido acceso Europa Press.
Por otro lado, y también en las zonas de mercado tensionado, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse cuando vaya a finalizar el contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato anterior.
Según el texto, se trata de una medida que estimula el acuerdo entre las partes, puesto que si se acuerda la firma de un nuevo contrato de arrendamiento, el arrendatario podrá, por un lado, asegurar una estabilidad por un periodo de cinco o siete años, mientras que el arrendador tendrá un estímulo para alcanzar un acuerdo y establecer una renta adecuada, pero sin incrementos desproporcionados.
El objetivo de estas dos medidas es el de evitar que se produzca un incremento abusivo de las rentas y se favorezca el acuerdo entre las partes, así como evitar posible efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.
Asimismo, se pone de manifiesto que la aplicación simultánea de un mecanismo que intervenga los precios y los estímulos fiscales, deben conseguir el doble efecto de contención de rentas a corto plazo durante la duración de la declaración de área tensionada, junto con el estímulo a medio plazo, favoreciendo nuevos contratos en condiciones favorables para los perfiles con dificultades para acceder al precio de mercado.
Este mecanismo adicional que, "excepcionalmente y acotado en el tiempo", pudiera intervenir en el mercado para amortiguar dicha tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda carencias de esas zonas.
El mecanismo debe tener en cuenta que la responsabilidad en la garantía del derecho constitucional del acceso a la vivienda corresponde a los poderes públicos, al igual que debe tener la suficiente solidez técnica y seguridad jurídica para su permanencia en el tiempo.
Tampoco puede producir efectos indeseados de reducción drástica de la oferta que puedan producir efectos de expulsión de las familias contrarios a los buscados.
Por otro lado, la propuesta recoge de nuevo reducciones de hasta el 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF si un propietario firma un nuevo contrato de arrendamiento con una reducción de más del 10% de la renta anterior.
Así, si un propietario que tenga un contrato de arrendamiento de 700 euros al mes firma uno nuevo por 630 euros, tendrá derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta.
Por otro lado, se recoge una bonificación para propietarios del 70% en el IRPF por la incorporación de una vivienda para alquiler habitual en las zonas tensionadas. Esto, según Agenda Urbana, favorece la entrada en el mercado de viviendas que anteriormente no estaban en alquiler como vivienda habitual.
También se propone una reducción del 60% en el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas, del 70% cuando el alquiler sea a jóvenes de entre 18 y 35 años y también del 70% cuando sean alquileres de larga duración sin incrementos superiores al IPC durante un plazo de, al menos, 10 años. Esto, según Transportes, tiene el objetivo de impulsar contratos que garanticen la estabilidad de los arrendatarios.
Por otro lado, se insta a establecer un porcentaje de reducción del 70% a propietarios que pongan su vivienda a disposición de la comunidad autónoma a ayuntamiento en el marco de algún sistema público para el alquiler social o a precio asequible, así como los arrendadores que pongan su vivienda a disposición de entidades del tercer sector que vayan a estar destinadas a la vivienda o alojamiento de personas u hogares vulnerables.
La declaración de zonas de mercado residencial tensionado la declararán las administraciones competentes en materia de vivienda de acuerdo con su normativa reguladora. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en la Ley Estatal, se establecen una serie de reglas para la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado, entre las que figura el desarrollo de un procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de datos fiables y contrastados relacionados con la situación del mercado residencial en la zona, un trámite de información pública y una resolución motivada de la declaración.
La vigencia será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente. Además, las administraciones competentes deberán realizar un plan de acción específico para la corrección de los desequilibrios evidenciados.
Por último, en el texto se recoge que para garantizar la solución habitacional a las personas vulnerables, se establecerá la aplicación prioritaria del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, del Plan Estatal de Vivienda.
Este programa permite a las comunidades proporcionar una solución habitacional inmediata, con ayudas de hasta 900 euros al mes y más de 200 euros al mes adicionales para gastos de suministros o servicios de vivienda. Las Comunidades deberán atender a la totalidad de las solicitudes que cumplan con los requisitos que se establezcan.
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han destacado que esta nueva propuesta ha sido trasladada al Ministerio de Derechos Sociales.
Asimismo, han remarcado que cumple "escrupulosamente" los acuerdos firmados y que tiene como gran objetivo acabar con la subidas abusivas, contener rentas y conseguir bajar alquileres.
Desde el Departamento de José Luis Ábalos se ha destacado que es necesario aprobar cuanto antes una Ley que garantice la función social de la vivienda, que atienda a los más vulnerables y que esté dotada de seguridad jurídica.
La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha asegurado en redes sociales, ante esta nueva propuesta, que no hay acuerdo con el PSOE y que la "única manera de bajar los precios del alquiler "es con índices de referencia, no con incentivos fiscales".
"Es rotundamente falso que hayamos alcanzado un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la regulación de precios del alquiler", ha lanzado en Twitter para dejar claro que seguirán trabajando para "cumplir lo pactado".
Con ello, hacía referencia al acuerdo entre ambos socios sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se recogía que debían establecerse "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", en base a índices de referencia.
La semana pasada mandaron una "contraoferta" al Ministerio de Transportes para bajar los precios del alquiler en base a índices de referencia en zonas de mercado tensionadas.
Ya han pasado ocho meses desde que ambos socios alcanzaron el acuerdo para impulsar la nueva Ley de Vivienda con regulación del alquiler y la normativa acumula casi cinco meses de retraso sobre el cronograma inicialmente planteado, que era llevar en febrero al Congreso dicha normativa.
