LA VALL D'UIXÓ (EP). La alcaldesa de La Vall d'Uixó, la socialista Tania Baños, ha declarado este martes ante un juzgado de Nules en calidad de investigada tras admitirse a trámite una querella del PP por un presunto delito de prevaricación.
Según los populares, la primera edil levantó un reparo del interventor en contra de los informes de los técnicos municipales, que advertían que la contratación de las obras de reparación de aceras en el Grupo La Unión no siguieron los procedimientos legales vigentes.
Tania Baños, antes de entrar a los juzgados para declarar, ha señalado a los medios de comunicación que levantó el reparo del interventor en un "ejercicio de responsabilidad", y ha añadido que este tema es un caso de "acoso político una vez más".
Así, la primera edil, que ha subrayado que no se tiene que esconder "de nada", ha explicado que la jefa de contratación se equivocó en el proceso de contratación de una obra "para mejorar la vida de los vecinos del grupo La Unión" y, en este sentido, -ha dicho- "frente a la equivocación y sin que hubiera un informe que avisara de que se estaba haciendo mal el proceso de contratación, el problema y el error estalló cuando procedimos al pago de las obras".
Entonces, ha apuntado que asumió tres decisiones, la primera consistente en que la técnico de contratación certificara por escrito que ella asumía la responsabilidad y que el error había sido completamente de la jefa de contratación, "y así con honradez y humildad lo hizo".
En segundo lugar, ha dicho que pidió un informe a la ingeniera de Caminos para que certificara que "cada euro que estaba presupuestado estaba invertido en esa obra y que nadie se había llevado dinero por el camino, algo que se hizo".
Y en tercer lugar ha asegurado Baños que asumió la responsabilidad que le tocaba de no dejar "colgada" a una empresa que en un proceso normal de contratación ha ganado el concurso. "En ejercicio de mi responsabilidad, firmé el reparo del interventor", ha añadido.
"Es un caso de acoso político una vez más", ha apuntado la alcaldesa, quien ha asegurado que le gusta la batalla política, pero no la judicial, y ha mostrado su confianza en la jueza, en la Justicia y en los informes que se adjuntan con el expediente, por lo que considera que este tema "no tiene ningún tipo de recorrido".
El PP explicó que el 27 de diciembre de 2017, Tania Baños levantaba el reparo emitido por el interventor mediante el informe 0752/2017 y aprobaba el pago de la factura emitida por Contratas Hidráulicas SL por un importe de 71.949,21 euros, correspondiente a las obras de renovación de aceras en la manzana 23 del Grupo La Unión.
En su informe, según el PP, el interventor municipal afirmaba que se había omitido el expediente de contratación aplicable a la ejecución de obras en reposición de aceras Grupo La Unión, al ser el importe total de 71.949,21 euros y "no poder considerarse contrato menor de obras del artículo 111 TRLCSP".
El consistorio, por su parte, apuntó en aquel momento que la jefa de Contratación del Ayuntamiento suscribió un informe en el que afirma que fue un "error administrativo".
Así, según el Ayuntamiento, se indica que "para la adjudicación de renovación de las obras de 'Renovación de aceras en la Manzana 23 del Grupo La Unión', con un presupuesto de 59.432,158 €, IVA excluido, se tramitó expediente de contrato menor, ya que, por error, la que suscribe consideró que el importe límite para la tramitación de estos contratos era inferior a 60.000, IVA excluido, y no a 50.000, IVA excluido, que era límite correcto".
El decreto de levantamiento de reparo firmado el 27 de diciembre de 2017 recoge que la omisión del expediente "se ha producido por un error administrativo", error que se detectó en el momento del pago de la factura, cuando las obras ya habían finalizado. "El interventor, en cumplimiento con su labor de fiscalización, advirtió que el proceso no había sido el correcto debido al error anteriormente citado", añadió el consistorio.
No obstante, visto que la empresa realizó las obras, se decidió abonar la factura al considerar que ninguna empresa que realiza su trabajo correctamente debe asumir el coste de un error administrativo reconocido por la propia funcionaria, indicó el Ayuntamiento.