CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Benicàssim va a reclamar al Gobierno Central una reforma inmediata del sistema de financiación y habilitar las medidas transitorias mientras esta modificación se tramite. El pleno ordinario del mes de noviembre que se celebrará el próximo viernes 26 de noviembre llevará a pleno una declaración institucional con el objetivo de establecer un nuevo modelo de financiación con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías posibilitando a los valencianos y a las valencianas tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer sus competencias propias. Una reforma para que nunca más exista ciudadanía discriminada solo por el hecho de pertenecer a un territorio.
La alcaldesa, Susana Marqués, ha reivindicado que “no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, por eso la necesidad de ser atendidos por el Gobierno Central y reclamar una reforma inmediata del sistema de financiación que llevamos años exigiendo para que nos asegure unas inversiones ajustadas al peso poblacional de la Comunitat Valenciana y a un reconocimiento de la deuda histórica causada por la mala financiación”. Este año 2021, cada ciudadano de la Comunitat recibirá 215 euros menos que la media estatal y 703 menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10% y un 29% menos de recursos respectivamente. Estas diferencias son la causa fundamental de los mayores déficits presupuestarios de la Comunitat Valenciana.
La declaración institucional que se elevará al pleno de este viernes ha sido presentada en Junta de Portavoces por el grupo Compromís, y llega cuatro años después del manifiesto por un financiamiento justo que se aprobó en el 2017 y secundó más de 600 entidades valencianas que culminó con una gran manifestación el 18 de noviembre convocada por la Plataforma Per un Finançament Just. El pasado sábado, Castelló, València y Alicante acogieron manifestaciones para poner de manifiesto la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. La convocatoria contó con la asistencia de representantes de diferentes grupos políticos así como sindicatos y patronal.
