CASTELLÓ.El Ayuntamiento de Benicàssim ha reivindicado, a través de una declaración institucional aprobada en el pleno, que por parte del Gobierno, se garantice que al menos el 15% de los Fondos Europeos Next Generation puedan ser gestionados por las entidades locales. En el escrito presentado por el equipo de gobierno y respaldado por la totalidad de la corporación, se insta al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a considerar tanto a las administraciones locales como a laDiputación Provincial como beneficiarios y gestores directos de parte de los fondos Next Generation EU que le corresponden a España “y no ser tratados como administraciones de segunda”.
Así se ha referido la alcaldesa, Susana Marqués, quien ha continuado explicando que “todos los países de Unión Europea han realizado un extraordinario esfuerzo para poner en marcha el Plan de Recuperación para Europa, un ambicioso plan en el que los ayuntamientos, como la administración más cercana al ciudadano y conocedora de las verdaderas necesidades de cada una de nuestras ciudades, tengamos un papel destacado y seamos protagonistas a fin de que ningún ciudadano, viva donde viva y ningún gobierno local se quede atrás, por eso reivindicamos también el papel fundamental que juegan las Diputaciones”.
La primera edil ha añadido que “hemos querido reivindicar el municipalismo, que ha demostrado en estos duros meses saber estar a la altura, queremos ser pieza clave para el avance y la recuperación de nuestras ciudades, y para eso reivindicamos ser beneficiarios y gestores directos de estos fondos y no ser tratados por parte del Gobierno del Señor Sánchez como administraciones de segunda; el objetivo es que nadie, en ningún territorio y ningún gobierno local se quede atrás”.
Con todo, el pleno, a través de la declaración institucional aprobada, va a instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a que garanticen la dotación y gestión de no menos del 15% de los fondos Next Generation para la recuperación, la transformación y la resiliencia dirigida a los gobiernos locales, tanto a los ayuntamientos como a las diputaciones provinciales con el fin de garantizar los derechos, la seguridad y las oportunidades de los territorios y de la ciudadanía, ahora y en el futuro.
