Es llamativo, y nunca debemos cansarnos de incidir en ello, el poco interés que despiertan en nuestras empresas fórmulas como las patentes o el secreto empresarial, sobre todo cuando la posición de dependencia respecto de la distribución es tan elevada. ¿O es quizás precisamente por eso?
La Oficina Europea de Patentes ha publicado la lista de 10 entidades que más solicitudes presentaron en 2021, encabezada en España un año más por el CSIC, con 85. Una red de centros de investigación muy por encima del resto, sí. Hasta en la calle Serrano de Madrid chirría ya ese liderazgo permanente y la falta de alternativa del sector privado. De hecho, son seis los entes no empresariales presentes en ese decálogo de cabeza, incluida la Universidad Politécnica de Valencia (12).
En cuanto a las empresas, aparecen Amadeus (fundada por Air France, Lufthansa, Iberia y Scandinavian Airlines System), Dalphi Metal España (propiedad de la multinacional TRW), la vasca Autotech Engineering y la murciana Soltec Innovations (en cuyo accionariado la gestora Santander Asset Management acaba de ceder el tercer puesto a la británica Schroders).
En estas se produce el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que va a lanzar un PERTE de la microelectrónica de 11.000 millones de euros. El director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, la persona probablemente con más capacidad y visión de nuestro país para hablar del asunto, felicita al Ejecutivo por la medida pese a que, según ha lamentado en público, de haberse producido el anuncio unos meses antes, habría situado probablemente a España en el mapa de las inversiones de semiconductores anunciadas por Intel.
En efecto, una cosa es el mensaje visible, aplauso de la patronal TIC Ametic incluido, y otra muy distinta lo que se dice en privado. “El Gobierno debe de tener una foundry de microchips apalabrada para haber dado un paso tan atrevido”, es el comentario general. Ojalá sea así. Porque España sola dice que pone 11.000 millones de euros, eso es una cuarta parte de los 43.000 millones de inversión pública y privada que pretende movilizar Bruselas para toda la UE con su Directiva de Chips. Y lo hace meses después de comprometer ante la propia Ametic apenas 700 millones.
Más valientes que nadie, sin contar con centros de diseño de microchips de vanguardia, porque no se hicieron los deberes cuando tocaba, y lo que es más importante sin un sector industrial que consuma semiconductores no ya por debajo de los 20 nanómetros, sino a duras penas de menos de 100 (también, en este caso, porque no se han hecho los deberes cuando tocaba). Pero no importa, es la fe del converso, vamos a pasar de 0 a 11.000 en pasión por la microelectrónica de la noche al día, y olé.
Eso sí, al inversor hay que garantizarle demanda. Lo cual que las mentes más preclaras del país se preguntan: si el Gobierno pone 11.000 millones, ¿quién va a poner los 40.000 o 50.000 restantes? Alguien tendrá que hacerlo, se insiste, porque de otro modo Pedro Sánchez no habría sido tan audaz. Estaremos a la expectativa.
Tanto el fenómeno de la posición de los proveedores frente a los giros de la distribución como el desconcierto generado por el anuncio del PERTE de la microelectrónica (¿cómo es posible que ni siquiera Mateo Valero tenga la más remota idea acerca de los planes del Gobierno y que alguna de las figuras empresariales más importantes de la microelectrónica en nuestro país despejen el hype con la frase: “demasiado bonito para ser verdad”? ¿Si no han consultado con ellos, con quién lo han hecho?) remiten a una especie de capitalismo de mesa camilla que resulta incompatible con los negocios estratégicos, con visión de largo plazo y de precisión que mueven a los inversores en la era digital. Nos hemos acostumbrado a ello, pero corregir la dinámica es uno de los cambios culturales que se necesitan en nuestro ecosistema.