CASTELLÓ. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado que su grupo elevará al próximo pleno municipal una declaración institucional para instar al Gobierno de España a que “no se incaute de los recursos económicos de entidades locales como la de Castelló”, de modo que los consistorios “puedan destinar el 100% de sus remanentes de tesorería para contrarrestar los efectos negativos de la covid-19”.
Carrasco ha explicado que el Gobierno de España, “que ya en el mes de marzo estaba estudiando confiscar el superávit generado por las entidades locales, así como los recursos que éstas tienen en las entidades bancarias, ahora pretende además que los ayuntamientos y diputaciones le presten la totalidad de los ahorros que han acumulado durante los últimos ocho años y que a cambio solamente se les permita gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte del dinero que es de sus vecinos”.
La portavoz municipal del PP ha resaltado además que “en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas que han solicitado las entidades locales estos meses y que solo se pondrán en marcha si previamente aceptan prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia en cuestión al Gobierno”. “Se trata de un chantaje totalmente inaceptable que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de gestión de las entidades locales, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local”, ha valorado Carrasco, que ha indicado que, “aunque el Gobierno afirma que devolverá el dinero a lo largo de los próximo diez años, la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década, con el riesgo de asfixia financiera que ello conlleva, especialmente en plena época covid”.
En ese sentido, la portavoz municipal del PP ha señalado además que el Gobierno, “que no ha destinado ni un solo euro a apoyar de manera directa a las entidades locales en su lucha contra el virus y sus nefastas consecuencias, pretende incautarse ahora, para tapar su nefasta gestión durante la pandemia, de un dinero que ha de servir para ayudar a paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica derivada de la covid-19 en Castelló, porque ha salido directamente de los impuestos de la ciudadanía”.
Al respecto, Carrasco ha remarcado que “con esta declaración institucional queremos instar al Gobierno a que respete y garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de unos recursos y un dinero público que es de todos y cada uno de los ciudadanos, además de reclamar que atienda las demandas de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la regla de gasto y las reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que puedan disponer del 100% de sus remanentes de tesorería para luchar contra los efectos negativos de la pandemia”.
“En un momento tan complicado como el actual, resulta de vital importancia que tanto el Gobierno como el propio Ministerio de Hacienda cumplan en su totalidad con el acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, en caso que desde el Ejecutivo se plantee modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, dichas modificaciones se validen ante el Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP, que son los legítimos representantes de las entidades locales y de los españoles”, ha afirmado la portavoz municipal de los Populares.
“Las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un Gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles”, ha aseverado Carrasco que, al respecto, ha recordado que ha sido precisamente el Gobierno quien “ha negado a las corporaciones locales y comunidades autónomas los ingresos que les corresponden por ley, como el IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, que continúa impagado”.