Reunión de Begoña Carrasco con los vecinos de la Marjaleria.CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular y candidata del PP a la Alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado este martes que el atropello que pretende perpetrar el gobierno municipal de PSOE y Compromís -con el apoyo de Castelló en Moviment-Podemos- al tratar de aprobar in extremis su Plan General en plena campaña electoral y sin haber resuelto las más de mil alegaciones, “es un atraco a los castellonenses que va a hipotecar el futuro de Castellón”. Así se ha referido la dirigente popular tras reunirse con la asociación de Vecinos de la Marjalería una de las afectadas "por un modelo urbanístico de ciudad que socialistas, nacionalistas y Podemos han blindado a su antojo", según han informado fuentes del PP a través de un comunicado.
Carrasco ha vuelto a denunciar el ninguneo de la alcaldesa Amparo Marco hacia los 5.000 vecinos que residen en la Marjaleria, a quienes el Plan General condena a la ilegalidad de muchas de sus viviendas. Ante el descontento generalizado por haber desestimado sus alegaciones o no haber obtenido respuesta de las mismas, Begoña Carrasco, ha defendido un Plan Especial para la Marjalería que debe ir adaptado a la nueva realidad.
Los populares -que vienen alertando del regreso al pasado que va a suponer un Plan General que enjaula el urbanismo de Castellón,- se han posicionado del lado de los vecinos de la Marjaleria, al constatar que dicho documento vulnera sus derechos y que su tramitación, “de prisa, en tiempo de descuento y con un marcado carácter electoralista, va a condenar a nuestra ciudad a una involución sin precedentes e impropia de una gran capital de provincia, como es la nuestra, lastrando la generación de oportunidades y la creación de empleo”, señala Carrasco a través del comunicado.
En la nota se recuerda que asociaciones de vecinos como Crémor ya han anunciado que van a llevar el Plan General ante los tribunales, por ningunear los derechos de quienes cuentan con una vivienda en propiedad en zonas sensiblemente afectadas por la nueva catalogación del suelo que impone el gobierno bipartito con el apoyo de Podemos.
Asimismo, Carrasco entiende que “la planificación urbanística que va a decidir el crecimiento de Castelló de los próximos 20 años, bien merece un consenso amplio, que pasa por resolver las más de mil alegaciones presentadas por los vecinos, empresas o colegios profesionales, entre otros agentes, y no la opacidad y unilateralidad por la que ha optado el gobierno de Amparo Marco.
