CASTELLÓ. La alcaldable del Partido Popular en Castelló, Begoña Carrasco, anuncia medidas para tratar de ayudar a los afectados por la okupación ilegal. Junto a la senadora por Castellón y número dos de su candidatura, Salomé Pradas, se ha reunido con el Colegio de Abogados de Castelló, encuentro que ha servido para abrir vías de colaboración.
"Lamentamos el colapso de la justicia que ha llevado esta misma semana a los abogados de oficio de toda España, también a los de Castellón, a protestar a las puertas del Congreso, reclamando mejoras laborales y anunciando convocatoria de huelga si la situación no mejora . Nosotros, desde la administración local, contamos con su profesionalidad para poner en marcha la Oficina Antiokupas y que empiece a prestar asesoramiento jurídico a los afectados por okupacione’, cuanto antes", ha asegurado.
"Recientemente nos hemos reunido con vecinos del Raval de Sant Félix, quienes nos han pedido ayuda, atemorizados por las cinco okupaciones, detectadas en el barrio, además de los robos, y por las consecuencias de inseguridad que se derivan de este fenómeno que preocupa a los castellonenses de toda la ciudad. Frente a un gobierno municipal que no reacciona, el PP no se va a quedar de brazos cruzados. Es un problema prioritario a abordar cuando gobernemos", ha continuado.
"Otras medidas que proponemos desde el PP para luchar contra este problema presente en la ciudad de Castellón son incrementar la plantilla de la Policía Local, con más agentes en las calles y a impedir a los ‘okupas’ empadronarse en viviendas que no son de su propiedad. Y, por supuesto a nivel nacional nos comprometemos a reformar el Código Penal para recuperar las viviendas en 24 horas. Y que las comunidades de propietarios puedan denunciar casos de okupación ilegal en sus fincas", ha añadido Carrasco.
Por otra parte, Carrasco se compromete a recuperar el convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Castelló para restablecer el servicio de asesoramiento jurídico a las personas mayores -que el PP puso en marcha en el Ayuntamiento de Castellón en 2008-,y fue eliminado en 2022.
"La alcaldesa, Amparo Marco, lo excluyó del presupuesto municipal en 2022 y nunca más se supo. Precisamente quienes dicen defender una ‘ciudad amigable con las personas mayores, son quienes les van recortando servicios, que durante años, tanto les han ayudado, ya no solo este en materia de asesoramiento legal, sino programas como Major a cas o Menjar a casa, ha recordado.
