CASTELLÓ. El PPCS reprocha que el sistema recaudatorio de radares urbanos del Ayuntamiento acumula en dos meses 9.711 multas, “lo que supone a una media de 200 euros por sanción, una recaudación potencial de 1,9 millones”, señala la portavoz del Partido Popular, Begoña Carrasco.
Del 14 de octubre al 14 de diciembre de 2022 el partido ha contabilizado estas multas con los radares instalados en las rondas y en la avenida de Valencia. “Si todas se hubieran cobrado estaríamos hablando de 1.942.200 euros que hubiera ingresado el equipo de gobierno de más, aparte de los elevados impuestos y de lo que sigue recaudando a cuenta de las cámaras del centro”, añade.
En este sentido, Carrasco declara: “Nos parece abusivo el sistema de radares dentro de la ciudad que ha puesto en marcha el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos y que solo persigue un único fin recaudatorio. Su objetivo es esquilmar el bolsillo de los castellonenses, por supuesto hay que cumplir las leyes de seguridad vial, pero hay sistemas alternativos que no impliquen pasar por caja y más en plena crisis como estamos, con la subida del precio de todos los productos y cuando llegar a fin de mes es misión imposible para muchas familias”.
“Cuando peor es la situación económica que estamos atravesando, mayor es el afán recaudatorio del gobierno de Amparo Marco. Con todo el dinero recaudado tienen margen más que suficiente para bajar impuestos a los castellonenses que es lo que pedimos, con propuestas concretas y factibles como nuestro plan de ahorro fiscal que implica un ahorro de hasta 10,1 millones de euros en impuestos a los castellonenses”, insiste.
La portavoz de los Populares recuerda que el equipo de gobierno municipal “empezó con las cámaras en sustitución de los bolardos, que ya había para limitar el acceso de vehículos al centro, y llevan más de 65.000 sanciones impuestas y con lo que está sufriendo el comercio de proximidad y con las dificultades cada vez mayores para acceder al corazón de la ciudad, lo único que se ha conseguido es disminuir las ventas. Después siguieron con los radares instalados en lugares que ni siquiera se consideran puntos negros, y lo peor está por llegar con el ’Castellón Central’, que implica 745.000 metros cuadrados restringidos al tráfico con más cámaras que el gobierno ha adquirido ya por 2 millones de euros para seguir sancionando con el mismo afán recaudatorio”.
Carrasco reitera la necesidad de apagar las cámaras del centro y que a su juicio dañan al comercio y la hostelería: “Nuestro compromiso cuando el Partido Popular gobierne es dejar sin efecto este sistema abusivo”. "La prueba más evidente de que los radares tienen un único afán recaudatorio es que el gobierno municipal ni siquiera se ha molestado en elaborar antes de ponerlos en funcionamiento la lista de matrículas blancas, correspondientes a vehículos de seguridad, de emergencia o sanitarios y, por eso, se les está multando también”, concluye.