CASTELLÓ. (EP). La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló revisará el protocolo antidesahucios firmado con la Audiencia y el Colegio de Procuradores para adaptarlo a la nueva moratoria estatal para hogares vulnerables anunciada por el Gobierno central.
El departamento que dirige María Jesús Garrido subraya que, una vez se concreten las condiciones de la moratoria, iniciará los trámites para adecuar el protocolo que el consistorio firmó en 2015. La actual reglamentación se rige por la última moratoria aprobada en 2015 y aplaza varios meses los desahucios en casos de familias con problemas económicos tras remitir el área de Servicios Sociales un informe a los juzgados, según ha informado el consistorio en un comunicado.
La Concejalía espera que la próxima moratoria amplíe los supuestos a las situaciones por impago por alquiler en viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión y prevé incluir en el protocolo municipal a otros colectivos ciudadanos que defienden el derecho de la vivienda como pueden ser el Sindicato de Inquilinos o la PAH.
La Oficina Municipal de Vivienda recibió en 2019 un total de 134 procedimientos de desahucio en Castelló, de los que 114 fueron por impagos de alquiler, 12 por ejecuciones hipotecarias y 8 por usurpación. De los 134, 77 fueron paralizados de manera provisional de acuerdo con la moratoria estatal.
La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, también ha destacado la decisión anunciada por el Gobierno central de permitir a los ayuntamientos que regulen el precio máximo del alquiler en barrios de ciudades donde se ha disparado, en las denominadas zonas tensionadas. Ha subrayado que estas políticas de control de precios se realiza "en países del centro y norte de Europa como Alemania, Dinamarca o Austria".
