CASTELLÓ. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló asesorará de los trámites para solicitar la moratoria de hipotecas o las ayudas de alquiler que han sido aprobadas por el Gobierno ante el impacto de la emergencia sanitaria del coronavirus. Aquellas personas que quieran optar a las mismas podrán realizar su consulta a la Oficina Municipal de Vivienda a través del servicio telefónico del 010, en el que deberán dejar sus datos y luego se les responderá desde la Concejalía.
La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, subraya que la alerta sanitaria va a tener un enorme impacto en el tejido económico y social de la ciudad y sostiene que las Administraciones han de realizar todos los esfuerzos para garantizar el derecho constitucional de la vivienda de la población ante la falta de ingresos y trabajo de muchas familias.
Garrido valora que las medidas en materia de vivienda aprobadas por el Gobierno son un primer paso para dar cobertura a la gente que se quede sin ingresos y afirma que desde la Concejalía ofrecerá un servicio de asesoramiento para las personas que necesiten solicitar las medidas de apoyo en hipotecas y del alquiler del Gobierno.
Explica que al estar cerrada la atención municipal al público de manera presencial por la cuarentena, los ciudadanos que necesiten este servicio podrán hacerlo avisando al 010 y la Concejalía se pondrá en contacto con los mismos. A los posibles beneficiarios se les detallará las condiciones, trámites y documentación que necesitan.
La concejala recuerda que la moratoria de hipotecas se prolongará el tiempo del estado de alarma y que cubrirá a las personas que han perdido su empleo, han cesado su actividad o han registrado una reducción notable de sus ingresos.
Mientras, en alquiler, el Decreto del Gobierno contempla la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional durante 6 meses, ayudas extraordinarias y microcréditos sin intereses a 6 años para pagar el alquiler. Asimismo, en este último caso, recuerda que los grandes tenedores deberán hacer a sus inquilinos una quita de un 50% o una reestructuración de la deuda en 3 años, el Estado asumirá la deuda de los inquilinos que no salgan de la vulnerabilidad, y habrá una prórroga de 6 meses de los contratos a punto de vencer para evitar subida. Pueden optar desempleado, trabajadores afectados por un ERTE o que han reducido su jornada laboral, o autónomos o empresarios que han cesado su actividad o han sufrido pérdida de ingresos.
