CASTELLÓ. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló colabora con apoyo técnico con el Sindicato de Inquilinos en el proceso sancionador presentado ante la Conselleria de Vivienda contra seis fondos buitre que operan en Castelló, especialmente en el Raval Universitari. El departamento de María Jesús Garrido respalda la elaboración de un nuevo informe requerido por la Conselleria sobre el estado de edificios afectados y las incidencias denunciadas.
"Confiamos en que esta nueva documentación sea el paso definitivo para que la Conselleria abra el expediente sancionador por abusos inmobiliarios", ha señalado la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, quien ha recordado que "sería el primer expediente que se abriría contra sociedades de capital riesgo de la Comunitat Valenciana y el segundo en España".
"Desde el Ayuntamiento hemos estado respaldando al Sindicato de Inquilinos de Castelló desde su creación en febrero y arropándolo en la denuncia presentada contra los fondos buitres", ha apuntado la concejala.
Según ha explicado, estas sociedades adquirieron en el Raval Universitari antiguas viviendas de protección pública, aumentando un 50 por ciento el precio del alquiler y "presionando" a inquilinos para que se fueran. "A estas alturas se han marchado 60 familias mientras que más de la mitad de las viviendas de un edificio de 174 pisos propiedad de un fondo buitre están vacíos", ha añadido.
La Concejalía afirma que el Sindicato de Inquilinos presentó el pasado mes de septiembre en la Dirección Territorial de la Conselleria de Vivienda una denuncia contra supuestos abusos inmobiliarios de fondos buitre de la ciudad. Ahora, la Conselleria solicita más información técnica y este trabajo será respaldado técnicamente por el departamento municipal.
Entre otras incidencias, los vecinos detallan una falta de notificación en el cambio de propiedad, inacción en el mantenimiento de zonas comunes, falta de definición en la empresa que gestiona los cobros, cambio de cerraduras en zonas comunes sin previo aviso, dificultades en el acceso al pago de la renta, falta de comunicación en el vencimiento del contrato, conductas de presión moral para conseguir la rescisión del contrato y comprobaciones ilícitas por parte del servicio de seguridad para verificar quién vive accediendo sin permiso.
La Concejalía envió, además, una carta a los fondos buitre que incluye la moción de reprobación del pleno municipal.
