CASTELLÓ. La Concejalía de Educación garantiza la limpieza de los 40 colegios de Castelló, a pesar de los recursos interpuestos por el sindicato CCOO y la empresa Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza contra las condiciones del nuevo contrato, de 13,46 millones de euros y que, en teoría, deberá aplicarse a partir del 1 de marzo.
La concesionaria actual (FCC y su filial Servicios de Levante) está obligada por ley a mantener la prestación del servicio hasta que se resuelva la nueva adjudicación. Al respecto, fuentes municipales precisan que el procedimiento continúa adelante, en paralelo a la documentación solicitada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
La portavoz del Partido Popular, Begoña Carrasco, denuncia que en el supuesto de que se paralice el concurso, por resolución judicial, la prórroga de la concesión repercutirá negativamente en las arcas municipales. "Habrá que seguir pagando reconocimientos extrajudiciales de crédito. Si el Ayuntamiento de Castelló hubiese licitado a tiempo el nuevo contrato, habría evitado esta situación", en referencia al pleito.
CCOO exige que se anule la licitación por deficiencias en el pliego de prescripciones técnicas. Por ejemplo, considera irreal repetir las mismas horas del contrato anterior, cuando existen más centros educativos. En este contexto, sostiene que algunos colegios cuentan con mayor número de aulas, con el consiguiente aumento de carga de trabajo a propósito de la recogida selectiva de residuos.
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, el segundo demandante, advierte que algunos criterios técnicos vulneran "los principios de igualdad, transparencia y libre competencia". Incluso, insinúa trato de favor hacia FCC en vista de los singularidades de determinadas cláusulas.
La contratación, mediante un procedimiento abierto, de los servicios de limpieza para los colegios de Castelló incluye, asimismo, el saneamiento de los edificios e instalaciones municipales. Como explicó el 12 de diciembre de 2019 el concejal de Reciclaje y Gestión Integral de Residuos, Ignasi Garcia, la vigencia de los contratos, una vez firmados, será de tres años (hasta 2023).
Entonces, el regidor subrayó que la propuesta de la Junta de Gobierno Local suponía un avance en dos expedientes que "son de justicia" al regularizar la situación de 104 profesionales para que "cobren un salario como mínimo según lo que dice la ley y tengan un salario digno", precisó Garcia.