CASTELLÓ (EP). El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado en el pleno de este jueves varias modificaciones fiscales para impulsar el uso de la energía sostenible, facilitar y agilizar trámites para solicitar diferentes bonificaciones y para ayudar a sectores económicos como la hostelería, el comercio y la construcción.
En concreto, se han incluido cambios en la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. Las modificaciones han sido aprobadas con el voto a favor de los grupos que conforman el gobierno del Acord de Fadrell, el Partido Popular, Ciudadanos y la concejala no adscrita, con la abstención de Vox.
La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha destacado que "estos cambios introducen nuevas medidas para avanzar hacia una fiscalidad cada vez más verde y progresiva, al tiempo que introducimos cambios que van a suponer reducir las tasas a diferentes sectores económicos incrementando así las medidas de apoyo a la reactivación" como ya se hizo con las reducciones consecutivas del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del IBI.
Por su parte, la concejala de Hacienda, Monica Barabás, ha manifestado que la reforma de la ordenanza del IBI "aligera las exigencias de la bonificación por la instalación de energías renovables", lo cual era una "necesidad" para acelerar la transición energética en la ciudad y una reivindicación del sector y de las comunidades de propietarios. En cuanto a la modificación de la ordenanza de la tasa de ocupación de vía pública, Barabás ha explicado que se ha dado respuesta a una reivindicación del sector de la construcción y la reforma, y supone reducciones también en la tasa por ocupación de marquesinas, toldos y similares.
El concejal de Transición Ecológica y tercer teniente de alcaldía, Fernando Navarro, ha afirmado que se ha dado un paso para avanzar en una transición energética "justa y democrática", rebajando los requisitos para optar a la bonificación del IBI por la instalación de energía fotovoltaica y ampliándola a los inmuebles que participen de un autoconsumo compartido en comunidades energéticas locales. "Esta bonificación nos pone a la vanguardia de las haciendas locales e incluye criterios de progresividad para que aquellos inmuebles de menor valor catastral vean su bonificación aplicada durante más tiempo", ha indicado.
Navarro ha añadido que con esta reforma se bajan más los impuestos a aquellas familias con menores rentas y que se impliquen en luchar contra el cambio climático. Asimismo, ha resaltado una modificación en la bonificación del IBI rústico en parcelas en activo para facilitar su tramitación. "Una fiscalidad verde para empujar hacia una economía sostenible y hacer frente a la emergencia climática", ha remarcado.
Por su parte, el concejal de Reciclaje y segundo teniente de alcaldía, Ignasi Garcia, ha destacado que, ante esta situación de inflación, no solo no se incrementa la presión fiscal a las familias, sino que se potencia reducirla en dos sectores muy importantes para la economía, por una parte, potenciando la instalación de energías renovables; y, una vez aprobado el Plan General, facilitando obras y reformas en el sector de la construcción "que tantos puestos de trabajo genera en la ciudad de Castelló".
Entre las modificaciones en la ordenanza del IBI destaca la rebaja de los requisitos para solicitar bonificaciones por la instalación de sistemas de energía fotovoltaica para autoconsumo. La modificación introducida prevé una bonificación en la cuota del impuesto del 50 por ciento para las edificaciones en las que se haya instalado sistemas de energía fotovoltaica para el autoconsumo.
Además, con la pretensión de que su alcance englobe a la mayor población posible y se amplíe la utilización de estos sistemas por la ciudadanía, la potencia mínima para tener derecho al beneficio fiscal se rebaja de 3Kw por cada 100 metros cuadrados de superficie construida a 2Kw y con independencia de la superficie del inmueble en cuestión. También se prescinde del límite del valor catastral del inmueble para el acceso a este beneficio fiscal y añade los inmuebles con uso terciario.
Otra novedad a destacar es la incorporación de aquellos inmuebles que formen parte de una comunidad energética local, una figura que permite consumos compartidos a 500 metros a la redonda de una instalación fotovoltaica.
La bonificación se llevará a término de manera progresiva, no pudiendo superar, dentro del 50%, los 350 euros sobre el recibo del IBI. En inmuebles con un valor catastral de 0 a 110.000 euros, se aplicará sin máximo de años hasta recuperarse la inversión de la instalación; en los edificios de 110.000 a 150.000, durante 10 años; hasta 250.000, en 7 años; y en los que superen este último coste, en 5 años.
En esta ordenanza, también se ha aprobado una modificación para facilitar la tramitación de la bonificación del IBI Rústico prevista en parcelas en producción. Las actividades de carácter agrícolas cuentan en este mandato con una rebaja del 50%, un porcentaje que crece hasta el 70% en las que promuevan, además, producción ecológica.
En el caso de las parcelas en explotación agrícola, podrán optar presentando los recibos del consumo de agua de riego en meses estivales y no únicamente el cuaderno de explotación agraria, como hasta ahora. En cuando a las explotaciones ecológicas, bastará con la presentación del documento que acredite la solicitud del correspondiente certificado realizada al Comité de la Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana.
En cuanto a la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, se ha aprobado reducir el tiempo mínimo de 15 a 7 días para la tasa de ocupación con materiales de construcción o contenedores, con la consiguiente reducción de la tarifa. Además, se reduce a la mitad la tasa para la ocupación del vuelo con marquesinas, toldos y similares. En total, se prevé que estas modificaciones supongan un ahorro de 100.000 euros.