CASTELLÓ. (EP). La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló plantea incluir en el servicio de mediación que tiene en marcha para casos de desahucios las situaciones colectivas que se ven afectadas por la presión de los grandes tenedores y fondos buitres. El Ayuntamiento mantiene un convenio con el colegio de abogados para que preste el servicio de mediación. Hasta el momento atiende casos particulares ante procesos de ejecuciones hipotecarias o de desahucios por impagos en alquiler.
La Concejalía de Vivienda ha mantenido una reunión este miércoles con el Colegio de Abogados, el Sindicatos de Llogaters y la PAH de Castelló en la que ha trasladado su intención de incorporar en la mediación a las comunidades de vecinos que residen en alquiler y se ven inmersos en órdenes de "desahucio" por parte de fondos buitre.
La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, ha subrayado que la compra masiva de antiguas Viviendas de Protección Pública en el barrio del Raval Universitari "está expulsando a familias con arraigo de la zona, aumentando de forma desproporcionada el precio del alquiler o negándose a renovar el contrato, con prácticas que rallan el acoso inmobiliario".
La Concejalía ha señalado que el Gobierno prepara de cara al verano una nueva legislación en materia de vivienda que dará facultades a las autonomías y a los ayuntamientos para que controlen el precio máximo del alquiler en zonas tensionadas.
