CASTELLÓ. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló ha redoblado esfuerzos en el presupuesto municipal de 2020 para incrementar el parque público de vivienda, los alquileres sociales y el servicio de mediación para ayudar a la gente que afronta un proceso de desahucio por parte de fondo buitre. Así, ha presupuestado 350.000 euros para el plan de compra de vivienda municipal, que se suman a los 1,2 millones de remanente, más 35.000 euros en incentivos para activar la bolsa de alquiler social.
La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, subraya que el aumento del número de viviendas públicas es una necesidad apremiante tras "la dejación de los gobiernos del PP" y por ello subraya que el primer presupuesto de Vivienda del Acord de Fadrell destina 1,5 millones a la adquisición de pisos para el parque municipal, bien mediante el proceso de licitación que se tramita en estos momentos o a través del decreto del tanteo y retracto, aprobado recientemente por las Corts Valencianes.
Garrido lamenta "la falta de implicación de las entidades financieras" en la licitación del plan de compra de vivienda, que establece un precio por unidad de 101.000 euros. Confía en conseguir varios pisos por esta vía antes de que acabe el año o a través del tanteo y retracto, que da prioridad a la Administración en las operaciones de compraventa de antiguas VPO.
Para este ejercicio ha presupuestado 300.000 euros para reformar viviendas sociales municipales y para 2021 otros 300.000. La Concejalía también invertirá 35.000 euros en incentivos para propietarios para animar a que cedan viviendas para la bolsa de alquiler social. Cada piso recibirá 1.500 euros, y a esta cantidad se añadirán hasta 3.500 para costear desperfectos o impagos.
Del presupuesto también destacan las ayudas para emergencia habitacional o reformas de interior. En el primer caso se destinarán 135.000 euros para familias en situación de vulnerabilidad, y en el segundo 85.000 para reformas de interior de viviendas.
Garrido subraya también los 50.000 euros para el primer Plan Estratégico de Vivienda, que ya está en plena elaboración y que concretará las necesidades de primera vivienda y rehabilitación e informará de las viviendas vacías de grandes tenedores con el "objetivo de movilizarla" mediante recargos del IBI, tal como establece la Ley de Función Social de la Generalitat.
Por último, la Concejalía ha previsto 50.000 euros para reforzar la gestión y mantenimiento de las viviendas municipales, y 6.000 para el servicio de mediación conveniado con el Colegio de Abogados para abordar ejecuciones hipotecarias o desahucios de inquilinos por fondos buitre.