Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló suspende el sistema de multas de las videocámaras del centro hasta el 1 de octubre. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno Local (JGL) este jueves. A todos aquellos contribuyentes a los que se les ha impuesto sanciones desde el 16 de febrero, cuando entró en funcionamiento el sistema tras un periodo de prueba de mes y medio, se les devolverá el dinero con carácter retroactivo. Del mismo modo, se paralizarán todos los procedimientos incoados y que no se han hecho efectivos en marzo y abril.
La decisión se ha tomado ante las crecientes quejas de los residentes, comerciantes y transportistas por el método de fiscalización. Durante estos meses en los que no se impondrán multas, el consistorio realizará distintas campañas informativas para que la ciudadanía conozca en profundidad el sistema de control y vigilancia, teniendo siempre presente que la fiscalización de multas se activará después del verano.
El portavoz del ejecutivo municipal, José Luis López, no ha aclarado cómo serán esas campañas, pero sí que ha dejado claro que se utilizarán distintos canales y herramientas divulgativas ((buzoneo, reuniones con representantes vecinales y de comercios, etcétera) con el fin de que la máxima población posible esté al tanto del funcionamiento de las videocámaras. De hecho, aquellos castellonenses que en estos meses circulen por el centro sin autorización se les facilitará una especie de tríptico, explicándoles las restricciones, tanto horarias como de itinerarios, y las consecuencias económicas de su incumplimiento. También se insistirá a los vecinos con folletos sobre los trayectos que deberán utilizar para salir y entrar a sus domicilios del centro.
En cualquier caso, el propio López ha subrayado que las filmadoras de seguridad seguirán operando con normalidad, pero sin un carácter sancionador. Por otro lado, ha reiterado que para el equipo de gobierno la implantación de este sistema es el más adecuado para mejorar la movilidad en el casco antiguo y fomentar "la sostenibilidad con la reducción de la emisiones de gases CO2".
No en vano, el acuerdo de la JGL también contempla instar a la Concejalía de Movilidad Sostenible a que regule en la Ordenanza de Movilidad Sostenible que está en tramitación, el régimen jurídico específico de la zona restringida Centro-Núcleo Histórico.
