VALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas ha embargado 59.000 euros de los responsables del PP condenados en el caso Blasco, entre ellos, el exconseller y exportavoz popular en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, y ha transferido esta cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas, según una notificación del máximo órgano auditor del Estado.

De este modo, según fuentes conocedoras del proceso, el Tribunal de Cuentas persigue que los excargos del PP y funcionarios condenados en este caso devuelvan los 1,7 millones de fondos públicos de la Generalitat que debieron destinarse a diversos proyectos de cooperación en Nicaragua pero que se desviaron para que los responsables de la trama de corrupción compraran varios inmuebles en València. Hay que recordar que de los 1,7 millones de la ayuda humanitaria al Tercer Mundo solo llegaron a su destino 43.953 euros y el Tribunal de Cuentas ya cifró en 1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas.

Los 59.000 euros recuperados ahora corresponden a las pensiones del ex conseller de Solidaridad bajo el mandato de Francisco Camps, Rafael Blasco, y de su exsecretaria general administrativa Tina Sanjuán, y a la nómina del exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Catalá. El desglose de lo que corresponde a cada uno no ha trascendido, según fuentes conocedoras del proceso.

Con este embargo, la Generalitat ha podido recuperar hasta la fecha en torno a 650.000 euros de los 1,7 millones desviados.

En junio de 2015, el Tribunal Supremo ratificó la condena de Rafael Blasco y otros responsables de la trama de corrupción por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo dictada un año antes por el TSJ de la Comunitat Valenciana, dejando la pena al exconseller del PP por malversación, prevaricación y falsedad documental a 6 años y medio de prisión. En el procedimiento penal del TSJCV ya se procedió a requerir la devolución de las cantidades a los empresarios pero es en el Tribunal de Cuentas donde corresponde la reclamación a las autoridades políticas y funcionarios condenados, según las mismas fuentes.