VALÈNCIA (EFE). El juez instructor del conocido como caso Alquería, en el que está investigado el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha cuestionado las nuevas testificales propuestas por éste y ha pedido a su defensa que explique los motivos por los que interesa su declaración.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia rechaza también las comparecencias de los autores de sendos informes aportados por las defensas por considerar "superflua" su participación, ya que los informes constan como admitidos y ya son conocidos por las partes.

El alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia solicitó al juzgado el pasado mes de septiembre que citase a declarar en calidad de testigos al exportavoz socialista en la Corporación provincial José Manuel Orengo y otros cargos del PSPV-PSOE y de Compromís.

Entre ellos figuraban la actual secretaria autonómica de Eficiencia Energética y exalcaldesa de Moncada, Concha Andrés; el ex diputado provincial y ex portavoz socialista Pablo Seguí; la vicepresidenta de la Diputación Maria Josep Amigó (Compromís), el diputado de Compromís Xavier Rius y los exdiputados de esta formación Emili Altur y Josep Bort.

La intención de la defensa de Rodríguez, según explicaron fuentes del caso a EFE, era la de tratar de acreditar que la contratación de supuestos "enchufados" en la empresa pública Divalterra se hicieron para sustituir a un número todavía mayor de directivos de la empresa pública Imelsa (posteriormente Divalterra) que fueron cesados cuando cambió el Gobierno de la corporación provincial.

En la misma providencia el juez informa a las partes de que la UDEF ya ha examinado los dispositivos electrónicos intervenidos a los investigados, así como a los incautados en la sociedad Divalterra y en la Diputación, y ordena su devolución.

Por otra parte, rechaza el sobresemiento y archivo de las actuaciones reclamado por Salvador Femenía y Pau Pérez Lledó, dos de los supuestos "enchufados", que constan en la causa como investigados.

En el conocido como caso Alquería se investiga, además de a Jorge Rodríguez, a un total de 16 personas, entre ellos nueve supuestos "enchufados" vinculados al PSPV y Compromís.

También a quienes ocuparon el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.