VALÈNCIA. (EP). La futura Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia incorporará el deber de cualquier persona de comunicar indicios de delito, "algo que para lo que se garantizará confidencialidad y anonimato", según ha avanzado este martes la ministra de Sanidad y Bienestar Social, Maria Luisa Carcedo, en un desayuno informativo.

Asimismo, ha indicado que el próximo 28 de diciembre, el Consejo de Ministros tiene prevista la primera lectura del anteproyecto normativo, del que también ha destacado que los funcionarios de servicios sociales podrán ser considerados 'autoridad pública' "en situaciones de emergencia".

Carcedo ha adelantado que los centros educativos tendrán que diseñar un protocolo frente a la violencia, que será de "obligado cumplimiento", además de nombrar a un responsable cuya actividad será supervisada por las comunidades autónomas. Del mismo modo, en el ámbito de los servicios sociales, sanitario y deportivo también deberán desarrollarse protocolos con este fin.