MADRID (EFECOM). La Asociación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche ha anunciado este martes la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional para denunciar "la inconsistencia jurídica y epidemiológica" del cierre del ocio nocturno.

La asociación ha anunciado también la presentación coordinada de recursos contra los decretos publicados por las diferentes comunidades autónomas, después de más de dos semanas, desde el pasado 14 de agosto, en el que la Comisión Interterritorial del Sistema de Salud Pública adoptó la decisión de cerrar la actividad de los locales de ocio, promovida por el Ministerio de Sanidad,

Para la patronal, ha quedado demostrado, quince días después del cierre de bares musicales y discotecas en España, que los locales de ocio no han provocado el rebrote de los contagios, cuyo nivel se ha disparado desde entonces en todas las comunidades autónomas.

Después de tres meses, en los que apenas un 10 % del sector había desarrollado su actividad, desde que el pasado 21 de mayo se iniciara la desescalada del confinamiento, se ha puesto de manifiesto que la actividad reglada de estos locales, y sometida a restricciones tan severas como el 33 % del aforo, la limitación de los horarios o la prohibición de la utilización de las pistas de baile, "no tenían prácticamente incidencia en la evolución de la enfermedad ni de los contagios del coronavirus", ha subrayado la asociación.

En su recurso dirigido a la Audiencia Nacional, España de Noche reclama que se identifiquen los indicadores que se han utilizado para demostrar la especial peligrosidad sanitaria de la actividad de los locales de ocio, el número de brotes detectados y de contagiados o las pruebas PCR realizadas o los rastreos hechos a los contactos de riesgo.

Junto con los datos epidemiológicos, el recurso denuncia "la inconsistencia jurídica" de una orden comunicada que se dirige a las comunidades autónomas para que elaboren los decretos en los que se prohíbe la actividad de los locales de ocio, sin que estuviera basada en ninguna instrucción publicada en el BOE, ni en ningún acuerdo del Consejo de Ministros.

Además, se adoptó dicha prohibición sin que se contemplaran otras alternativas ni se acompañaran de medidas económicas complementarias a un sector que, de marzo a agosto, ha perdido el 23,3 % de las empresas (5.822) en toda España, cifra que puede incrementarse en los tres próximos meses hasta el 68,9 % (17.225 de un total de 25.000), lo que provocaría la destrucción de más de 140.000 empleos directos.