CASTELLÓ. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) se suma a la petición de Asaja al Ministerio de Agricultura para aplazar hasta el 1 de enero de 2028 la obligación de llevar registros electrónicos de los tratamientos fitosanitarios. La organización considera que buena parte del sector agrario todavía no dispone de los medios técnicos, económicos ni de conectividad necesarios para adaptarse a esta exigencia, recogida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564.
Aunque la Comisión Europea ya ha concedido un aplazamiento, Asaja considera que el margen sigue siendo insuficiente para garantizar que todas las explotaciones puedan cumplir la normativa. Las dificultades afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas agrarias, con menos recursos para afrontar la transición digital, así como a las explotaciones situadas en zonas con problemas de cobertura y a los agricultores de mayor edad, que necesitan formación y acompañamiento para utilizar estas herramientas.
La organización advierte de que mantener los plazos actuales puede traducirse en una carga administrativa adicional, inseguridad jurídica y riesgo de sanciones para agricultores que, pese a actuar de buena fe, no estén en condiciones de cumplir los requisitos técnicos.
Otro de los aspectos que Asaja quiere aclarar es el alcance de esta obligación, que no debe confundirse con la implantación del Cuaderno Digital de Explotación (CUE). La normativa europea exige disponer de registros electrónicos legibles por máquina de los tratamientos fitosanitarios, pero no obliga a utilizar una aplicación concreta ni establece un sistema digital único. Por ello, la organización reclama que se admita cualquier herramienta que reúna los requisitos técnicos exigidos, incluido un documento Excel.
Además, Asaja pide al Gobierno que aproveche la flexibilidad que permite la normativa europea para ampliar los plazos de anotación. En concreto, propone que los agricultores puedan registrar los tratamientos hasta el 31 de enero del año siguiente a aquel en que se hayan aplicado los productos fitosanitarios, en lugar de tener que hacerlo en el plazo de 30 días que contempla la regulación nacional.
La petición también pretende trasladarse al ámbito europeo. Asaja insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a impulsar una iniciativa conjunta con otros estados miembros y a incluir esta cuestión en el próximo Consejo AGRIFISH, dentro del apartado de otros asuntos. La organización considera que las dificultades de adaptación no son exclusivas de España y que una posición común de varios países reforzaría la petición de una nueva prórroga ante la Comisión Europea.
Para avanzar en esta línea, Asaja contactará con organizaciones agrarias de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Polonia y Rumanía con el objetivo de consensuar una postura y trasladarla posteriormente a las instituciones europeas y a los respectivos gobiernos nacionales.
Por otra parte, la organización llevará esta reivindicación a las reuniones que mantendrá en los próximos días con los partidos políticos ante las elecciones del 29 de noviembre, a los que reclamará un compromiso para aplazar la entrada en vigor de la obligación.
Asaja defiende que la digitalización puede aportar mejoras en la trazabilidad y la gestión de las explotaciones, pero insiste en que su implantación debe ser gradual y adaptarse a la realidad del sector, con plazos asumibles y apoyo efectivo a los agricultores.
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