CASTELLÓ. Las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana han reaccionado con contundencia a la decisión de la Comisión Europea de activar de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque de Mercosur. Tanto La Unió Llauradora i Ramadera como AVA-ASAJA consideran que el paso anunciado en Bruselas supone un grave perjuicio para agricultores y ganaderos y cuestionan la oportunidad política de la medida.
La Unió Llauradora i Ramadera ha rechazado “con firmeza” el anuncio de la Comisión Europea de activar la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y ha solicitado la dimisión de su presidenta, Ursula von der Leyen.
La organización considera que se trata de una decisión “precipitada, lesiva para el sector agrario y políticamente inaceptable en el actual contexto institucional”. A su juicio, el acuerdo, “tal y como está planteado”, obligará a agricultores y ganaderos europeos a competir con producciones que no están sometidas a los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales.
La Unió sostiene además que la cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión no forma parte del texto del acuerdo, por lo que no ofrece —según la organización— una protección real ni automática. En su valoración, se trataría de un mecanismo “tardío y discrecional” que actuaría cuando el perjuicio económico ya se hubiera producido.
La entidad califica de especialmente grave que se impulse la aplicación provisional cuando la propia Comisión ha constatado recientemente deficiencias en los controles de Brasil y no puede certificar plenamente que no se exporta carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas en la UE. “La seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia”, subraya.
Desde el plano institucional, La Unió acusa a la Comisión de “forzar los procedimientos” y de reducir el margen real de control democrático, al considerar que la aplicación provisional no debe convertirse en un “atajo para imponer hechos consumados”. La organización recuerda que ha protagonizado movilizaciones contra el acuerdo, ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios en el Congreso y en Les Corts y ha remitido cartas formales a la Comisión, a eurodiputados españoles y al presidente del Gobierno trasladando su rechazo.
AVA-ASAJA denuncia una “traición institucional”
Por su parte, AVA-ASAJA ha denunciado que la activación provisional del acuerdo supone “una auténtica traición institucional al sector agrario europeo”. La organización se suma así a la posición de ASAJA Nacional y del conjunto del sector agrario europeo.
AVA-ASAJA subraya que la decisión se produce apenas unos días después de que la Comisión haya publicado el informe final de auditoría DG(SANTE) CT-2025-0241 sobre Brasil, en el que —según destaca— se concluye que la recomendación crítica para garantizar que no se exporte a la UE carne procedente de bovinos tratados con estradiol 17β no ha sido abordada de forma satisfactoria.
El informe reconoce que las medidas adoptadas por la autoridad brasileña no han sido plenamente eficaces para excluir de la exportación a la UE carne de animales tratados con esta sustancia y que las deficiencias detectadas socavan la confianza en el sistema de control. Para AVA-ASAJA, con estas conclusiones “no se entiende” que se acelere un acuerdo que incrementa contingentes de importación en sectores especialmente sensibles para España.
La organización insiste en que no se opone al comercio internacional, pero sí a acuerdos que no garanticen una reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, y que expongan a los productores europeos a una competencia desleal.
El proceso sigue abierto
No obstante, AVA-ASAJA recalca que el proceso institucional no está cerrado. El acuerdo deberá continuar su recorrido y el Parlamento Europeo deberá votar su ratificación definitiva. Además, un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría suspender cautelarmente su aplicación.
En este contexto, la organización hace un llamamiento al Gobierno de España para que defienda con firmeza al sector agrario y estudie la presentación de un recurso ante el TJUE. Asimismo, advierte de que continuará con su calendario de movilizaciones y adoptará las medidas que considere necesarias para defender al campo español.
Las dos principales organizaciones agrarias valencianas coinciden así en un diagnóstico de máxima gravedad ante la activación provisional del acuerdo con Mercosur y anticipan un escenario de presión política, institucional y judicial en las próximas semanas.
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