La Unió denuncia ofertas de naranjas a 0,95 euros el kilo y pide investigar cuánto cobran los agricultores

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La organización solicita a la AICA y a la Conselleria de Agricultura que inspeccionen las condiciones de compra y comprueben si las promociones cumplen la Ley de la Cadena Alimentaria

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CASTELLÓ. La Unió Llauradora ha denunciado las promociones de naranjas a 0,95 euros el kilo anunciadas esta semana en varios supermercados y ha reclamado su retirada al considerar que banalizan el valor de la producción citrícola y pueden incrementar la presión sobre los precios que perciben los agricultores. La organización advierte de que utilizar la naranja como reclamo comercial puede trasladar al mercado una referencia de precios artificialmente baja y repercutir en los primeros eslabones de la cadena.

Ante esta situación, la organización agraria ha presentado una solicitud formal de investigación ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Conselleria de Agricultura para que, dentro de sus respectivas competencias, comprueben las condiciones de compra de las naranjas incluidas en estas promociones, los precios efectivamente pagados a los productores y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Las ofertas anunciadas corresponden a naranjas de categoría I y origen España, comercializadas en distintos formatos y con descuentos de entre el 21% y el 36%. En ambos casos, el precio promocional se sitúa en 0,95 euros por kilo. Para La Unió, esta coincidencia refuerza la necesidad de una respuesta inspectora que permita esclarecer cómo se han construido estos precios y quién asume realmente el coste de las rebajas.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, considera que la distribución debe explicar cómo se financian estos descuentos. "Detrás de cada kilo de naranjas hay meses de trabajo, inversiones y gastos que el agricultor tiene que afrontar. El campo no puede convertirse en la variable de ajuste de las campañas comerciales de las grandes cadenas", señala.

La organización recuerda que las referencias del IVIA para la campaña 2019/20 ya situaban los costes del cultivo del naranjo en la Comunitat Valenciana en 6.004 euros por hectárea sin recolección y en 8.935 euros incluyéndola. Estas cantidades no contemplaban, además, conceptos como la renta de la tierra, los seguros agrarios o los intereses de los capitales propios. Si se actualizan con el IPC general, los costes ascenderían aproximadamente a 7.690 y 11.440 euros por hectárea, respectivamente.

A estos gastos de producción y recolección hay que sumar los costes de transporte, selección, manipulación, envasado y distribución, además de las posibles mermas hasta que la fruta llega al consumidor. Por ello, La Unió reclama que la investigación reconstruya documentalmente la formación del precio y determine si la remuneración percibida por los productores cubre los costes efectivos de sus explotaciones.

En concreto, las inspecciones solicitadas deberían revisar contratos, facturas, liquidaciones y justificantes de pago, así como las aportaciones promocionales, los descuentos posteriores y cualquier otra condición que pueda reducir el importe finalmente percibido por los proveedores. El objetivo es comprobar si el coste de las rebajas se traslada a los primeros eslabones de la cadena y si se han producido incumplimientos que deban ser sancionados.

"Destacar el origen España en un folleto debe ir acompañado de unas condiciones de compra que permitan seguir produciendo aquí. El compromiso con nuestros agricultores se demuestra con los precios que se les pagan", afirma Peris.

La organización recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a respetar los costes de producción del operador anterior y prohíbe trasladar hacia atrás el riesgo empresarial derivado de la política comercial de la distribución. Asimismo, exige que estas obligaciones se comprueben también en las promociones vinculadas a aplicaciones móviles o programas de fidelización.

Junto a las inspecciones, La Unió reclama al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat la elaboración de estudios periódicos y actualizados de costes por variedades y sistemas productivos, que faciliten las actuaciones inspectoras y permitan detectar con rapidez operaciones que puedan destruir valor en la cadena alimentaria.

La organización considera insuficiente un modelo de vigilancia que dependa exclusivamente de las denuncias individuales de los agricultores, especialmente cuando estos pueden temer perder compradores. Por ello, reclama controles de oficio sobre las grandes promociones de productos agrarios y una supervisión que alcance desde la distribución hasta las explotaciones de origen.

"Los folletos están a la vista de todo el mundo. La Administración debe actuar con rapidez, seguir la trazabilidad de las operaciones y comprobar cuánto ha cobrado quien ha cultivado esas naranjas. Si se detectan infracciones, debe haber sanciones disuasorias", concluye Carles Peris.

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