CASTELLÓ. La Unió Llauradora ha reclamado a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha “urgente” de un plan autonómico para actuar frente a las parcelas agrarias abandonadas, infrautilizadas o sin el mantenimiento adecuado, al considerar que generan importantes riesgos fitosanitarios, ambientales y territoriales.
La organización ha dirigido esta petición tanto a la Conselleria de Agricultura como a la de Medio Ambiente, y plantea la creación de un Plan Valenciano de Actuación que permita intervenir de forma preventiva y coordinada ante situaciones que afectan directamente a explotaciones profesionales y al entorno rural.
Según advierte La Unió, la Comunitat Valenciana arrastra desde hace años un proceso progresivo de abandono agrario en determinadas zonas y cultivos, motivado por factores estructurales como la baja rentabilidad, el envejecimiento de los agricultores, la falta de relevo generacional o la fragmentación parcelaria.
No obstante, la organización centra especialmente su preocupación en aquellas parcelas abandonadas cuya situación provoca “externalidades negativas” sobre terceros y sobre el interés general. Entre las principales consecuencias señala la proliferación de plagas y enfermedades vegetales, la expansión de malas hierbas y especies invasoras, el incremento de costes para las explotaciones colindantes y la pérdida de eficacia de las estrategias colectivas de control fitosanitario. Asimismo, alerta del aumento del riesgo de incendios, especialmente en áreas de interfaz agrícola-forestal, donde la acumulación de vegetación sin control puede favorecer la propagación del fuego.
La Unió recuerda además que existe respaldo jurídico suficiente para actuar ante este tipo de situaciones, tanto en la normativa europea como en la estatal y autonómica. Entre otras disposiciones, cita el Reglamento Europeo de Sanidad Vegetal, la Ley estatal de Sanidad Vegetal y la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana. La propuesta presentada también apuesta por abandonar el actual modelo “reactivo”, basado principalmente en denuncias particulares, y avanzar hacia un sistema preventivo apoyado en herramientas de monitorización territorial, teledetección, SIGPAC y sistemas de información geográfica.
En este sentido, la organización agraria solicita la elaboración de un protocolo autonómico con criterios homogéneos para identificar y gestionar situaciones de riesgo fitosanitario, proliferación de vegetación invasora, riesgo de incendio o degradación funcional del suelo agrario.
Entre las medidas planteadas figuran además la creación de un sistema estable de detección temprana, canales simplificados de comunicación de incidencias, protocolos de coordinación entre Generalitat y ayuntamientos, actuaciones inspectoras prioritarias y mecanismos de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento.
La Unió también propone activar instrumentos como bancos de tierras, fórmulas de cesión voluntaria, arrendamientos agrarios o modelos de gestión agrupada para facilitar la recuperación de parcelas abandonadas. Por último, plantea constituir un grupo técnico permanente de seguimiento con participación de la administración autonómica, entidades locales y organizaciones profesionales agrarias.
La organización considera que el abandono de parcelas ya no puede abordarse únicamente como una cuestión privada vinculada a la propiedad, sino como un problema de interés público relacionado con la sanidad vegetal, la prevención de incendios, la seguridad territorial y la protección de la actividad agraria profesional.
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