CASTELLÓ. La Unió Llauradora i Ramadera solicita a la Generalitat que amplíe las ayudas extraordinarias aprobadas tras el grave incendio de la Vall d'Uixó y la Serra d'Espadà a los municipios afectados por los nuevos incendios forestales registrados desde el 7 de agosto en la provincia de Castelló. Los fuegos afectaron, entre otros, los términos municipales de Tírig, Culla, Serra d'Engarceran, la Salzadella y Catí, aunque La Unió considera que la medida tiene que quedar abierta a cualquier otro municipio o zona que finalmente figure como afectada en las delimitaciones e informes oficiales.
Estos nuevos incendios habrían afectado a unas 850 hectáreas, con especial incidencia en Tírig-Catí, donde la superficie afectada superaría las 800 hectáreas. Todavía es pronto para determinar el alcance real de los daños sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas y La Unió considera prioritario iniciar la evaluación sobre el terreno.
El Consell aprobó el pasado 31 de julio el Decreto 114/2026, después del incendio iniciado el 25 de julio en la Vall d'Uixó y que afectó gravemente la Serra d'Espadà. La norma establece un paquete de ayudas urgentes para los municipios afectados, con una dotación global de 11,77 millones de euros, de los cuales 4,84 millones se destinan a explotaciones agrícolas y ganaderas y 2 millones a explotaciones forestales.
La Unió considera que los nuevos incendios obligan a ampliar esta respuesta y reclama que las personas afectadas tengan las mismas líneas de ayuda, cuantías, conceptos subvencionables y condiciones que las contempladas para los damnificados del incendio de la Vall d'Uixó y la Serra d'Espadà. "Una explotación agraria que haya sufrido un daño equivalente no puede tener una protección diferente simplemente porque el fuego que la ha afectado se haya producido trece días después. Ante daños similares, la respuesta de la Administración tiene que ser también igual", señala La Unió.
Entre las medidas agrarias previstas actualmente se encuentran ayudas de hasta 6.000 euros por hectárea afectada de regadío o viveros y 4.000 euros por hectárea de secano, así como 15.000 euros por explotación ganadera, a los cuales se añaden importes específicos por los animales o colmenas perdidas. También se establecen 1.500 euros por explotación por daños en infraestructura agraria y diferentes cuantías para determinadas explotaciones forestales.
Un asusnto imprescindible para la Unió
La Unió ve imprescindible que la ampliación territorial de las ayudas vaya acompañada de una ampliación de la dotación presupuestaria. La organización rechaza que la incorporación de nuevos damnificados suponga simplemente repartir entre más personas los recursos previstos inicialmente para los afectados del incendio de la Serra d'Espadà. "No tendría sentido ampliar el número de beneficiarios sin ampliar también los recursos. Los agricultores y ganaderos afectados por los diferentes incendios no tienen que competir entre ellos por un presupuesto calculado antes de que se produjeran estos nuevos fuegos", indica la organización. En este sentido, el mismo Decreto 114/2026 contempla expresamente la posibilidad de que el importe global máximo de las ayudas sea incrementado mediante un decreto del Consell, en función de la disponibilidad presupuestaria y con el objetivo de atender las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.
La Unió reclama que la Generalitat utilice esta posibilidad y habilite recursos adicionales una vez se determine el alcance de los daños provocados por estos nuevos incendios. Considera también necesario prestar atención específica a las explotaciones de ganadería extensiva, porque los perjuicios provocados por el fuego no se limitan a la posible muerte de animales o destrucción de instalaciones. La quema de superficies de pasto puede dejar las explotaciones sin una parte de sus recursos alimentarios durante un periodo prolongado y obligar los ganaderos a afrontar gastos extraordinarios en alimentación suplementaria, abastecimiento de agua, traslado del ganado, reparación de cierres o habilitación temporal de zonas de pasto.
Por eso, La Unió reclama que la Generalitat evalúe también la pérdida temporal de pastos y los sobrecostes cuando sean consecuencia directa de los incendios y que articule las medidas necesarias para compensarlos. También pide que la Consellería de Agricultura movilice de manera inmediata sus servicios técnicos y las oficinas comarcales agrarias, en coordinación con los ayuntamientos afectados, para identificar las explotaciones y parcelas afectadas y realizar una primera valoración de los daños en cultivos, plantaciones, infraestructuras, explotaciones ganaderas y superficies de pasto. Esta actuación resulta especialmente importante porque el Decreto exige, para las ayudas agrarias, acreditar que las parcelas y explotaciones se encuentran en las zonas afectadas, así como la superficie y la existencia efectiva de los daños.
Finalmente, La Unió reclama que los damnificados por los nuevos incendios dispongan del mismo plazo efectivo para solicitar las ayudas. El Decreto 114/2026 establece actualmente un plazo de tres meses a partir del 10 de agosto, por lo cual la organización considera que para los municipios que se incorporan posteriormente este periodo tendría que empezar a contar desde su inclusión o ampliarse de manera equivalente. "La Generalitat reaccionó con rapidez ante el incendio de la Vall d'Uixó y la Serra d’Espadà y ahora tiene que mantener el mismo criterio ante los últimos incendios. Hay que valorar los daños con agilidad, ampliar las ayudas y dotarlas de presupuesto suficiente para que ninguna explotación afectada quede desprotegida por una cuestión de fechas o de municipio", concluye La Unió.
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