CASTELLÓ. La campaña del aceite de oliva arranca con buenas perspectivas de cosecha, pero con una rentabilidad cada vez más comprometida para los productores de la Comunitat Valenciana. La Unió Llauradora advierte de que el aceite de oliva virgen extra se paga en origen a unos 3,20 euros por kilo, frente a unos costes de producción que superan los cuatro euros. La organización agraria alerta de que esta brecha amenaza la continuidad de las explotaciones y reclama medidas para sostener los ingresos de los agricultores y frenar el abandono del olivar.
Según los datos que maneja la organización, el coste de cultivar el olivar tradicional mecanizable de secano, mayoritario en la Comunitat Valenciana, se sitúa en torno a los 4,60 euros por kilo de aceite. Con unas cotizaciones de referencia de 3,20 euros, los productores ingresan alrededor de 1.400 euros menos por cada 1.000 kilos vendidos de lo que les cuesta producirlos. En el caso del aceite lampante, los precios se mueven entre los 2,50 y los 2,60 euros por kilo.
Enric Simó, responsable del sector del aceite de oliva de La Unió, señala que las perspectivas productivas son favorables en buena parte de las zonas productoras, pero alerta de que la evolución de los precios está generando una creciente preocupación entre los agricultores. "Todo lo que sea por debajo de los cuatro euros no compensa, y más ahora, con los costes del gasóleo y de los fertilizantes disparados", advierte.
La organización considera que el incremento de la producción puede convertirse en un problema para los oleicultores si no va acompañado de una remuneración suficiente. "La decepción es mayúscula. Es frustrante comprobar que una buena cosecha puede acabar siendo sinónimo de pérdidas para quienes trabajan en el campo y todo por la especulación pura y dura", denuncia Simó.
Una ayuda de 400 euros por hectárea para el olivar tradicional
Ante esta situación, La Unió ha solicitado a la Conselleria de Agricultura una ayuda directa de 400 euros por hectárea para el olivar tradicional de secano, con prioridad para los agricultores profesionales. La medida pretende compensar parcialmente la pérdida de rentabilidad de unas explotaciones condicionadas por sus limitaciones naturales, su menor productividad y el encarecimiento de los costes.
La organización vincula esta petición con el riesgo de abandono de un cultivo que desempeña una función económica, ambiental y territorial en numerosas comarcas valencianas. Según sus datos, la Comunitat Valenciana acumula 16.455 hectáreas de olivar abandonadas, de las que 6.322 han dejado de cultivarse durante los últimos cinco años.
La pérdida de rentabilidad, sostiene la entidad agraria, dificulta también el relevo generacional. Simó advierte de que los bajos precios pueden desanimar a quienes se incorporan al sector, incluso después de haber realizado inversiones para poner en marcha sus explotaciones. "En los últimos meses varios jóvenes se han incorporado, por ejemplo, en mi comarca del Maestrat al sector y se van a encontrar con un escenario de precios que ni siquiera permite cubrir los costes de producción", señala.
A la presión económica se suman las exigencias burocráticas y la incertidumbre sobre las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), factores que, según La Unió, complican la viabilidad de las explotaciones y reducen los incentivos para mantener el cultivo.
Más producción y presión de las importaciones
La preocupación de los productores valencianos coincide con unas previsiones de crecimiento de la cosecha española. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura recogidas en los datos de campaña citados por la organización, la producción nacional de aceite de oliva podría alcanzar los 1,6 millones de toneladas, un 23% más que en la temporada anterior.
A este volumen se sumarían unas 357.000 toneladas almacenadas de la campaña precedente, lo que elevaría la disponibilidad total hasta cerca de los dos millones de toneladas. La Unió considera que este escenario exige una gestión adecuada de la oferta para evitar que la abundancia de producto presione todavía más las cotizaciones en origen.
La organización también apunta a la competencia de las importaciones procedentes de terceros países, principalmente Túnez y Marruecos, donde los costes de producción son inferiores. España importó 115.300 toneladas de aceite de oliva durante los cinco primeros meses del año, un 27,5% más que en el mismo periodo de 2025, según las cifras de campaña recogidas por la entidad.
En este contexto, La Unió reclama unas condiciones de competencia equilibradas y advierte de las diferencias entre las exigencias laborales, ambientales y fitosanitarias que deben asumir los productores españoles y las aplicadas en algunos países exportadores.
Retirar temporalmente hasta el 20% de la producción
Además de la ayuda directa al olivar tradicional, La Unió pide al Gobierno que active mecanismos de regulación del mercado contemplados en la normativa europea. Entre sus propuestas figura la retirada temporal de hasta el 20% de la producción de aceite de oliva mediante su almacenamiento durante varios meses en almazaras y cooperativas.
El objetivo sería reducir temporalmente el volumen disponible para la comercialización y aliviar la presión sobre los precios. Una vez mejorasen las condiciones del mercado, el aceite almacenado podría reincorporarse progresivamente a la venta.
La organización insiste en que las buenas perspectivas de cosecha deben traducirse en una oportunidad para los agricultores y no en una nueva campaña de pérdidas. A su juicio, garantizar una remuneración suficiente resulta esencial no solo para mantener la actividad de las explotaciones, sino también para conservar el paisaje agrario, prevenir incendios y sostener la economía de las zonas rurales.
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