CASTELLÓ. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Castelló sigue quemando etapas. El inicio de los trabajos está cada vez más cerca después de que la licitación del último expediente, el relativo al servicio de arquitectura y dirección de las obras, revele que ya exista una posible adjudicataria. La mercantil Car Enginyeria Civil alcanza en solitario el postrero tramo del concurso público al haber sido excluida la otra concurrente, Comaypa, por error con la oferta técnica.

Ahora, la Mesa de Contratación debe evaluar la plica con los criterios económicos de la única postulante para completar la baremación y, así, elevar la correspondiente propuesta a la Junta de Gobierno Local. Si no afloran eventualidades, ese trámite tiene que resolverse antes de marzo. Una vez se culmine la aprobación, la rúbrica del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa será cuestión de semanas.

Experiencia con la obra pública

Car Enginyeria Civil posee amplia experiencia a la hora de desarrollar proyectos vinculados con el sector público. Además de haber trabajado con la Diputación de Castellón y varios municipios de la provincia (Almassora, Cabanes o Alquerias), acumula en su currículo asistencias técnicas asociadas a la construcción de carriles bici en la capital de la Plana.

La dirección de las obras resulta esencial para ejecutar la supermanzana peatonal, que abarca una extensión de 745.000 metros cuadrados. Más allá de determinar el comienzo de los trabajos, vela por el correcto cumplimiento de aquellos aspectos que figuran en el proyecto, desde cuestiones técnicas y estéticas hasta urbanísticas y medioambientales.

En efecto, otros cometidos de la prestación obedecen a la realización de posibles modificados respecto a la solución diseñada, el control de calidades y la coordinación de la seguridad y salud. Esto significa que la mercantil está obligada a efectuar inspecciones para verificar el cronograma. Asimismo, tras haber concluido la actuación, tiene que comprobar de forma periódica que los elementos y equipos instalados funcionan de manera adecuada.

Un plazo de cinco años con la garantía

De ahí que el contrato, en realidad, se prolongue cinco años. Los dos primeros se ajustan a la duración de las obras, Los otros tres se refieren al periodo de garantía, que implica un seguimiento de la medida, subsanando incluso los errores que surjan de su puesta en funcionamiento.

Con la resolución del último contrato, todo apunta a que los primeros trabajos de la Zona de Bajas Emisiones podrían arrancar entre abril y mayo de este año. Desde noviembre de 2022, la adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Telecso y Becsa, trabaja en la redacción del proyecto, de acuerdo con las directrices establecidas en el borrador. Para elaborar el documento, cuenta con un intervalo de cinco meses a contar desde la aceptación de la obra civil, que se produjo poco antes de diciembre. En teoría, parte de ese plazo ya se ha consumado.