CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló prorroga por segunda vez la suspensión del sistema de multas de las videocámaras del centro. Ante la imposibilidad de activar la página web y la campaña informativa por problemas técnicos, dos herramientas esenciales para que la ciudadanía conozca en profundidad el funcionamiento, la actual moratoria se alarga hasta el 9 de enero. Dicho de otra manera, a partir del día 10, después de Navidades, el método de fiscalización volverá a sancionar a aquellos conductores que circulen por el casco antiguo sin autorización.

En teoría, la reanudación del servicio fiscalizador debía producirse el 1 de noviembre tras haberse ampliado un mes la fecha dada (1 de octubre), cuando en abril se decidió interrumpir la imposición de sanciones por la polémica generada. Sin embargo, esos contratiempos, especialmente con la puesta en marcha de la plataforma, han obligado a extender el aplazamiento. "Esperamos que tanto la campaña informativa como la plataforma comiencen en breve", asegura el concejal de Movilidad, Jorge Ribes.

El edil socialista confirma, además, que la multa por acceder al centro sin permiso será de 80 euros, 40 en el caso de pronto pago, y no de 200 euros, como hasta ahora por acogerse a la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT). Las tarifas se recogerán en los tipos impositivos municipales, a la espera de avalar la ordenanza de Movilidad, que regulará todo lo concerniente a las videocámaras. Esa aprobación, que pasará por pleno, será presumiblemente en el primer trimestre de 2022.