CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló blinda la Oficina de Recaudación ante el Contencioso-administrativo de FeSMC-UGT en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la subrogación del personal. Para evitar un mayor gasto a la hora de garantizar el servicio, lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs), prorroga la concesión por un periodo máximo de 9 meses a contar desde la finalización del actual contrato el próximo 9 de agosto.
La medida se toma al amparo de la ley de contratos públicos y en previsión de que el litigio se puede enquistar. Sin embargo, existe una vía que puede acortar los tiempos y propiciar la adjudicación del nuevo servicio mucho antes de que expire esa moratoria. El recurso del sindicato ante el TSJCV no afecta al desarrollo de la licitación, lo que sí ocurría con la reclamación en el Tribunal Administrativo Central (Tacrc), que obligó a suspender el proceso hasta emitirse la sentencia, favorable a los intereses del consistorio castellonense.
La concesionaria ya ganó la licitación de 2022
En la actualidad, los técnicos municipales analizan la densa y compleja documentación presentada por las dos empresas interesadas en gestionar la Oficina de Recaudación hasta 2030 y con un presupuesto superior a los 8,8 millones. Una corresponde a la concesionaria y que asume la prestación desde hace años, esto es, Servicios de Colaboración Integral (SCI). La otra se trata de la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), que ya pujó en el concurso de 2022.
En el caso de que SCI mantenga el servicio, el Ayuntamiento planteará a FeSMC-UGT retirar el recurso para formalizar el contrato. La petición se sustentará en que los 37 trabajadores que componen la plantilla continuarán al hacerlo su empresa. En efecto, no será necesario incluir la subrogación en el pliego.
- La plantilla del servicio de recaudación está compuesta por 37 personas.
La organización sindical considera que la resolución del Tacrc vulnera el contenido del II Acuerdo sobre Materias Concretas para la Mejora de la Economía y el Empleo en la Comunitat Valenciana (II AMC), suscrito por los agentes sociales más representativos y publicado en el DOGV el 22 de mayo de 2023. Este acuerdo establece la obligación de subrogación de los trabajadores en los procesos de contratación pública, obligación que, según el Tribunal Administrativo Central, no es exigible por falta de desarrollo reglamentario.
Perjuicios irreparables por la entrada de una nueva empresa
FeSMC-UGT solicita, además, la adopción de la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación, al considerar que su ejecución podría causar perjuicios irreparables a los 37 trabajadores actualmente vinculados al servicio, quienes podrían ser cesados si la nueva adjudicataria no asume la subrogación. También se advierte del impacto negativo en la calidad del servicio y en la estabilidad laboral del personal afectado.
Hasta dentro de unas semanas no se sabrá exactamente el resultado de la licitación con la baremación de las dos propuestas. Bien es cierto que ambas compañías se postularon en el anterior proceso y finalmente SCI se impuso para retener la cobertura. Un desenlace que se podría dar de nuevo.
