CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló activa un mecanismo para permitir "por primera vez" regularizar de forma individual el estado de un total de 2.262 viviendas de la Marjalería construidas antes del 20 de agosto de 2014, cuando entró en vigor la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) de la Comunitat Valenciana, derogada en 2023. Concretamente, se trata de inmuebles ubicados en suelo urbanizable y sujetos a los Planes de Reforma Interior (PRI), "históricamente bloqueados" a la espera de desarrollos urbanísticos que derivaban en "situaciones inviables en la práctica". En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha habilitado este jueves la concesión de licencias de primera ocupación —de forma provisional— siempre que los hogares cumplan y aporten una batería de requisitos técnicos.
Así, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha detallado los criterios en rueda de prensa y ha defendido que la medida supone "un paso importante para aportar seguridad jurídica y poner solución a un problema que se alarga desde hace más de 50 años". Hasta ahora, la única vía para obtener una licencia de ocupación reside en completar el PRI correspondiente, un proceso que exige a los residentes urbanizar colectivamente los sectores. En la mayor parte de los casos, según ha explicado Toledo, los propietarios se enfrentaban a un "bucle sin salida", en el que cuando solicitaban el acceso al agua potable se les requería previamente una licencia y, para obtenerla, debía disponer del servicio que, precisamente, intentaban pedir. Ahora, cada vivienda podrá optar a una licencia de ocupación provisional de diez años —prorrogables— una vez superen la revisión técnica.
Los requisitos para solicitar la licencia
Las exigencias para acceder a la regularización de las viviendas se centran en su compatibilidad —situadas en suelo urbanizable—, las condiciones de habitabilidad y el cumplimiento del Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). De esta manera, las casas deberán disponer, entre otros aspectos, de acceso mediante tráfico rodado o de un sistema adecuado de depuración, ya sea mediante conexión con el alcantarillado —cuando sea viable— o a través de la instalación de una fosa séptica autorizada. Además, las edificaciones y los vallados exteriores tendrán que ser estancos "hasta una altura mínima" marcada en la normativa autonómica. Finalmente, la revisión del cumplimiento de estos requisitos se realizará caso a caso, con "alternativas" para situaciones singulares.
- El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo.
En total, el Ayuntamiento asegura que los 58 sectores sujetos a PRI se beneficiarán del nuevo criterio. Entre ellos figuran ámbitos en los que el consistorio ya trabaja en su desarrollo, como el PRI-57 de la partida Patos-Gumbau o el PRI-5 de la partida Bovar. A tal efecto, el concejal ha subrayado que, "si una mayoría de vecinos de un mismo ámbito cumple individualmente los requisitos, puede darse la circunstancia de que el Ayuntamiento considere el sector como desarrollado de facto". Toledo ha enmarcado la medida dentro del "Programa de la Marjalería", que incorporará en 2026 un equipo destinado a "agilizar los expedientes" que se tramiten. Asimismo, el edil ha avanzado que sigue en marcha "el trabajo con el Consell para modificar la Lotup y ofrecer en un año una solución también para unas 1.899 viviendas ubicadas en suelo rústico". El consistorio calcula que, tras la publicación del criterio en el BOP, los propietarios podrán empezar a solicitar la licencia "en cuestión de semanas".
