CASTELLÓ. El pleno ordinario de octubre en el Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves por unanimidad la adhesión al convenio marco entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para delegar en el consistorio las competencias para incoar, instruir y resolver procedimientos sancionadores por infracciones en materias de viviendas de uso turístico (VUT). La sesión, marcada por el primer día de luto oficial decretado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) este miércoles, se ha desarrollado sin debates y con únicamente los asuntos ordinarios —la primera parte del orden del día— tras el acuerdo alcanzado por los portavoces municipales. Asimismo, la corporación ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del siniestro y por el segundo aniversario de la Dana de Valencia de 2024. "Es momento de estar unidos y expresar la solidaridad de Castelló con las víctimas y los familiares", ha señalado la alcaldesa, Begoña Carrasco.
Con ello, el mencionado acuerdo permitirá al Ayuntamiento asumir la tramitación y resolución de expedientes sancionadores relacionados con las viviendas de uso turístico situadas en el término municipal, así como revisar los actos administrativos derivados de estos procedimientos. La medida se enmarca en el decreto autonómico que reforzó la regulación de estos alojamientos y amplió la capacidad de intervención municipal sobre su implantación. La normativa, delegada ya en otros consistorios como el de València y Alicante, contempla nuevas infracciones y endurece las sanciones, que pueden alcanzar los 600.000 euros en los supuestos más graves, además de introducir obligaciones para los propietarios y los titulares de la actividad.
El presupuesto municipal de 2026 rebasa los 269 millones
Por otro lado, la sesión ha dado luz verde por unanimidad a la tercera modificación de crédito del presupuesto municipal de 2026, por un importe de 1,85 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería. La operación elevará las cuentas —valoradas inicialmente en 253,2 millones— hasta algo más de 269 millones, una vez incorporadas las dos modificaciones anteriores, por 10,97 millones y 3,06 millones, respectivamente. En concreto, la nueva inyección se distribuirá entre la amortización de un millón de euros de deuda municipal, la cobertura de otros 100.000 euros por el incremento de los intereses asociados a la evolución del euríbor y dos actuaciones deportivas: 650.000 euros para el asfaltado y vallado de una pista de motociclismo junto a la Ciudad del Transporte y otros 100.000 para construir vestuarios en el parque deportivo de Gran Vía. Ahora, el expediente se someterá a exposición pública durante 15 días y quedará aprobado definitivamente si no se presentan alegaciones.
- La sesión se ha desarrollado sin debates y con únicamente los asuntos del despacho ordinario.
Asimismo, el pleno ha aprobado el cuarto y el quinto paquete de reconocimientos extrajudiciales de crédito, los conocidos como RECs, por 1,68 millones de euros y 656.000 euros, respectivamente. Ambos expedientes suman más de 2,3 millones en obligaciones adquiridas sin seguir el procedimiento ordinario de contratación. El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, explicó a principios de octubre que el 93 % del importe de los dos paquetes corresponde a facturas vinculadas al servicio de autobús urbano, del que el bipartito prevé su próxima licitación. Los puntos han salido adelante con los votos favorables del ejecutivo local —el PP y Vox— y la abstención de los grupos de la oposición —el PSPV y Compromís—. Además, la corporación ha aprobado por unanimidad la modificación puntual del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para incorporar la Zona de Bajas Emisiones.
La renuncia del edil socialista Jorge Ribes
Finalmente, el pleno ha tomado conocimiento de la renuncia del concejal socialista Jorge Ribes, que anunció a principios de octubre su decisión de dejar el acta tras más de siete años de representación municipal para centrarse en su labor como docente. Sofía Camañes ocupará la vacante de Ribes, que formó parte del gobierno del Acord de Fadrell entre 2019 y 2023, cuando asumió responsabilidades en las áreas de Movilidad Sostenible y Juventud.
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