CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha alertado de que el equipo de gobierno del Partido Popular y Vox ha aprobado, en lo que llevamos de 2025, cuatro Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC) por un valor total de 7.109.357,45 euros. Según la coalición, "se trata de facturas tramitadas al margen de la legalidad contractual", correspondientes a servicios que "no contaban con ningún expediente ni proceso de licitación previo".
Entre estos gastos figuran servicios esenciales como el transporte público urbano, la limpieza de edificios municipales, el mantenimiento de zonas verdes, el vestuario de la Policía Local o servicios sociales urgentes, que deberían estar cubiertos por contratos regulares y con garantías jurídicas.
Tal como ha denunciado la concejala Vera Bou, "el gobierno de Castelló ha convertido el reconocimiento extrajudicial en una forma ordinaria de gestión, vaciando de sentido la legalidad y evitando el control democrático del Pleno". Bou ha calificado la situación de "desgobierno institucional" y ha exigido responsabilidades.
Más de 14 milions en 2024
Además, la formación recuerda que en 2024 el gobierno del PP y Vox ya aprobó ocho reconocimientos extrajudiciales por valor de más de 14 millones de euros. En total, el volumen de facturas irregulares aprobado por el gobierno de Begoña Carrasco supera los 21 millones desde 2024.
En este sentido, los informes de la Intervención General y de los servicios jurídicos municipales han calificado estas actuaciones como nulas de pleno derecho y han recomendado abrir expedientes de revisión. No obstante, el equipo de gobierno ha decidido continuar con los pagos por vía extrajudicial, apelando a un supuesto "interés público", tal como afirmaron en la Junta de Gobierno Local.
Desde Compromís se exige paralizar estas prácticas, licitar todos los servicios de forma inmediata y depurar responsabilidades políticas por parte de los concejales delegados que han emitido conformidades de gasto sin contrato.
"Castelló merece una administración transparente, eficiente y legal. Cada euro público debe estar justificado y cada contrato debe respetar la ley", ha concluido Bou.
