CASTELLÓ. Dentro de la Semana de la Movilidad, Compromís per Castelló ha presentado alegaciones a la Ordenanza de Movilidad Sostenible impulsada por el gobierno municipal del PP. La coalición denuncia que el texto “arrincona la bicicleta” y propone cambios para garantizar la continuidad de los ejes ciclistas y asegurar una convivencia segura con peatones y vehículos. “La ordenanza de movilidad del Partido Popular intenta, por puro sectarismo, arrinconar a los usuarios de la bicicleta como medio de transporte. Por eso hemos presentado alegaciones para mantener el eje ciclista entre el norte y el sur y, sobre todo, para garantizar un uso seguro de la bicicleta, tanto con los peatones como con el resto de vehículos”, ha explicado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia.

La coalición alerta de que la eliminación de los carriles bici en la zona de bajas emisiones ha hecho desaparecer el eje norte-sur previsto en el Plan Director de la Bicicleta y en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En su lugar, se han habilitado calles de plataforma única y zonas residenciales, pero sin dejar claro cómo deben circular las bicicletas. Compromís defiende que en estos espacios se debe autorizar de manera explícita la circulación en ambos sentidos para garantizar la continuidad de los recorridos ciclistas y evitar que el uso de la bici quede interrumpido.

En este sentido, desde la formación señalan que el menosprecio del Partido Popular hacia la bicicleta es más que evidente: la Semana de la Movilidad ha comenzado con el corte del carril bici de Hort dels Corders con una jardinera, un gesto que demuestra la voluntad del gobierno de Carrasco de romper una movilidad ciclista sostenible, continua y segura. También consideran necesario aclarar que el límite genérico de 25 km/h establecido en la ordenanza no puede derivar en la obligación de incorporar velocímetro en las bicicletas, una exigencia que califican de “desproporcionada y contraria a la promoción de este medio de transporte”.

Facturas sombra para informar a la ciudadanía

Compromís reclama igualmente la introducción de un período mínimo de tres meses de facturas sombra en cualquier nuevo sistema automático de control, ya sea de velocidad o de accesos. La formación defiende que este margen es imprescindible para que la ciudadanía pueda conocer con antelación las nuevas normas y evitar situaciones de indefensión.

Además, recuerdan que actualmente el Ayuntamiento de Castelló tarda meses en notificar las multas. El caso más paradigmático es el del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, que acumuló 104 infracciones con un vehículo de renting que finalmente caducaron. “Una multa puede ser cuestión de azar, tres pueden ser mucha suerte, diez ya resulta sospechoso, pero 104 no sabemos cómo definirlo”, han indicado desde Compromís. Por ello, la coalición insiste en que, mientras continúe este problema en las notificaciones, al menos se asegure un período claro y regulado de facturas sombra que ofrezca seguridad jurídica e información adecuada a la ciudadanía.