CASTELLÓ. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado "la persecución que está ejerciendo el gobierno de Begoña Carrasco y Vox contra los movimientos sociales de la ciudad", tras conocer nuevas denuncias contra el centro social La Cosa Nostra. El portavoz de la formación, Ignasi Garcia, ha acusado al ejecutivo municipal de utilizar las sanciones y los recursos públicos para intentar silenciar a los colectivos que no comparten la ideología del PP y Vox. “El sectarismo del gobierno de PP y Vox está haciendo que el Ayuntamiento se dedique a perseguir a los movimientos sociales y a los colectivos que no piensan como ellos, presentando denuncias sin ningún sentido que acaban perdiendo en los tribunales y que nos cuestan recursos y dinero público a todos los castellonenses”, ha denunciado Garcia.
El portavoz de Compromís ha recordado que una de las primeras decisiones del gobierno de Carrasco y Ortolá fue modificar la normativa de ocupación de la vía pública, una medida que, según considera, tenía como objetivo dificultar que determinadas organizaciones pudieran desarrollar sus actividades en las calles y plazas de Castelló. En este sentido, ha señalado que “primero cambiaron las normas para intentar impedir que los colectivos que no les gustan pudieran utilizar el espacio público y ahora continúan con una política de multas para coartar derechos y libertades”.
Garcia ha recordado los hechos de noviembre de 2023, cuando la Policía Local retiró mesas y sillas de una actividad organizada en la plaza de l'Ereta en el marco de una jornada de solidaridad con el colectivo feminista Subversives. “Tuvimos que ver la imagen lamentable de la Policía Local retirando mesas y sillas para impedir una actividad feminista. Y ahora vemos cómo el PP vuelve a intentar sancionar a personas que, sencillamente, estaban en la calle hablando. Es una manera de entender el gobierno basada en la imposición y en la persecución de quienes piensan diferente”, ha afirmado.
El coste económico de las actuaciones
Además, Compromís ha advertido del coste económico que estas actuaciones pueden suponer para las arcas municipales. Garcia ha señalado que los procedimientos judiciales conllevan la dedicación de tiempo y recursos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y, en caso de condena en costas, nuevos gastos que acaban asumiendo los castellonenses. “Estamos gastando dinero público para intentar sancionar y coartar los derechos y las libertades de las personas, sencillamente porque no piensan como Begoña Carrasco o Antonio Ortolá. Y cuando estas denuncias acaban sin prosperar, los recursos municipales que se han destinado a perseguir a los movimientos sociales ya no se pueden invertir en otras necesidades mucho más importantes para la ciudad”, ha lamentado el portavoz.
Finalmente, Garcia ha defendido que “Castelló debe ser una ciudad tolerante, plural y respetuosa con las diferentes maneras de pensar, no una ciudad donde el gobierno utilice el Ayuntamiento para perseguir a quienes discrepan”. “La señora Carrasco debería dedicar los recursos municipales a resolver los problemas de la ciudadanía, en lugar de malgastar el dinero de todos los castellonenses en su sectarismo y en la obsesión de silenciar a los movimientos sociales”, ha concluido.
