CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha criticado que el gobierno de Begoña Carrasco "se desentiende del contrato del servicio de abastecimiento de agua, uno de los contratos más importantes de la ciudad, mientras se encamina hacia una nueva prórroga hasta 2033." La formación alerta de que "la actual concesión, firmada en el año 1983 con una vigencia inicial de veinte años, continuará vigente sin ninguna revisión en profundidad".

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha sido contundente: "El contrato del agua está escrito a máquina y si nadie hace nada, y no lo harán, se prorrogará a partir del 31 de marzo hasta 2033. No tiene ningún sentido tener un contrato de veinte años que acabe acumulando más de treinta años de prórrogas". 

"Un contrato que ha quedado desfasado, tanto en la parte legal, administrativa, medioambiental e hídrica, respecto a la realidad actual", ha añadido Garcia, quien ha remarcado: "Carrasco sencillamente se desentiende de los verdaderos problemas de la ciudad y de aquellas cuestiones que tienen calado y nos afectan a todas y todos en nuestro día a día".

La coalición insiste en que ·no se trata solo de la gestión de un servicio, sino de la capacidad del Ayuntamiento para controlar la información, la recaudación y la toma de decisiones sobre un recurso básico como el agua, especialmente ante posibles escenarios de sequía". En este sentido, defienden que "el consistorio debe tener el control del servicio, ser quien recaude los ingresos y tener la capacidad de decidir sobre sus usos, especialmente ante posibles escenarios de sequías persistentes".

Además, Compromís recuerda que "la actual concesión se basa en una normativa completamente superada y que la legislación en materia de agua, contratación pública y derechos humanos ha evolucionado profundamente desde 1983". En este sentido, señalan que "el Ayuntamiento ni siquiera dispone de datos básicos como la recaudación real del servicio, un hecho que, a su juicio, evidencia la falta de control sobre un recurso esencial".

Por ello, Compromís pide que "se inicie de manera inmediata el estudio para una nueva concesión o modelo de gestión, analizando todas las opciones posibles, desde una nueva licitación hasta fórmulas públicas o mixtas, para garantizar un servicio adaptado a las necesidades actuales de la ciudad".