CASTELLÓ. El Grupo Municipal de Compromís per Castelló ha denunciado la actitud del gobierno de Begoña Carrasco ante las actuaciones que varias empresas están desarrollando en edificios residenciales de la ciudad para transformar bajos y entreplantas en alojamientos de reducidas dimensiones. La coalición considera que el Ayuntamiento está permitiendo prácticas que afectan a las comunidades de propietarios y que benefician a intereses especulativos por encima de los derechos de los vecinos y vecinas.
El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha asegurado que la alcaldesa “ha confundido el crecimiento económico con defender a los especuladores” y ha criticado que el gobierno municipal no esté actuando ante situaciones que generan preocupación entre numerosas comunidades de propietarios de la ciudad.
Según ha explicado Garcia, se ha constatado que empresas promotoras están interviniendo en edificios amparándose en declaraciones responsables presentadas ante el Ayuntamiento, pero ejecutando actuaciones que pueden afectar a elementos comunes de los inmuebles. “Estamos hablando de intervenciones que inciden sobre instalaciones eléctricas, redes de abastecimiento de agua, sistemas de saneamiento o incluso elementos estructurales de los edificios, sin contar con el permiso de las comunidades de propietarios y sin que estas dispongan de toda la información técnica necesaria sobre las consecuencias de las obras”, ha advertido.
Procesos especulativos
Para Compromís, el problema no es solo la actuación de estas empresas, sino la respuesta del gobierno municipal. “En lugar de proteger a las comunidades de propietarios y recordar que una declaración responsable no da derecho a vulnerar la normativa ni los derechos de los vecinos, la señora Carrasco les está obligando a acudir a los tribunales para defenderse”, ha afirmado Garcia.
La coalición considera que esta situación favorece procesos especulativos vinculados al mercado inmobiliario. “Estamos viendo cómo se comercializan habitaciones de solo doce metros cuadrados por 65.000 euros mientras el Ayuntamiento permanece impasible. Algunos especuladores han llegado a afirmar que Castelló es una ciudad especialmente rentable para este tipo de operaciones, y el gobierno municipal está facilitando que continúen avanzando”, ha señalado el portavoz.
Garantías legales y técnicas
Compromís sostiene que el Ayuntamiento debería situarse al lado de las comunidades afectadas y garantizar que cualquier actuación urbanística se desarrolle con todas las garantías legales y técnicas. Por ello, la formación ha impulsado una iniciativa municipal con el objetivo de reforzar la protección de los propietarios y evitar que las declaraciones responsables sean utilizadas para justificar actuaciones que exceden su ámbito de aplicación.
“Begoña Carrasco debe dejar de dar la espalda al pueblo de Castelló y dejar de defender a los especuladores. Su obligación es proteger los derechos de los vecinos y vecinas, no ponerlos ante procesos judiciales costosos mientras unos pocos hacen negocio”, ha concluido Garcia.
