CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha puesto sobre la mesa la situación “insostenible” que viven miles de familias de la provincia a causa de los retrasos en las valoraciones y revisiones de discapacidad y dependencia. Según los datos remitidos por la propia Conselleria de Bienestar Social al Síndic de Greuges, hay más de 9.300 expedientes pendientes en la provincia: 6.068 solicitudes iniciales y 3.234 revisiones de grado. Esto supone demoras de hasta dos años en un trámite que, por ley, debería resolverse en un máximo de tres meses. El propio Síndic ha calificado estas cifras de “inasumibles” y ha reclamado un plan de choque inmediato que permita reducir los tiempos de espera y garantizar los derechos de las personas afectadas.
El portavoz de la coalición, Ignasi Garcia, ha lamentado además la "inacción" de la alcaldesa Begoña Carrasco: “Con la llegada del Partido Popular vemos de nuevo cómo las valoraciones de discapacidad se retrasan. Estamos hablando de más de dos años para que se resuelvan los expedientes y, ante este agravio a cientos de ciudadanos de Castelló, una vez más Carrasco antepone el carné del PP a los intereses de la ciudad. En lugar de alzar la voz y reclamar a la Generalitat que ponga más recursos, calla”.
Como remarca Compromís, esta situación tiene consecuencias "muy graves: muchas familias tienen que afrontar solas situaciones de gran complejidad sin contar con las ayudas y recursos que les corresponden por derecho". Además, en muchos casos se trata de personas con enfermedades que empeoran rápidamente y que ven cómo su situación cambia en pocos meses, "sin que la administración responda con la urgencia necesaria". Por ello, desde la coalición insisten en que la alcaldesa de Castelló "debería estar al frente de la defensa de los derechos de la ciudadanía". Compromís advierte de que la "pasividad del gobierno municipal deja desprotegidas a muchas familias y recuerda que es responsabilidad de Begoña Carrasco reivindicar los intereses de la ciudad ante una situación tan grave".
