CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha exigido a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que facilite el acceso al expediente municipal que autoriza la reconversión de bajos comerciales en viviendas en el Raval Universitari y que atienda a la comunidad de propietarios afectada. La representante de Compromís, Vero Ruiz, ha denunciado que el grupo municipal ha solicitado la documentación en las comisiones informativas y que la comunidad también la ha reclamado, pero el gobierno municipal sigue sin dar respuesta. Ante esta situación, la formación propone una moratoria de dos años para ordenar urbanísticamente la transformación de locales comerciales en viviendas y establecer unas garantías mínimas de habitabilidad.
"Carrasco no puede seguir autorizando la transformación de bajos comerciales en viviendas sin dar explicaciones a los vecinos y vecinas ni facilitar la documentación que se le reclama. Estamos hablando de decisiones urbanísticas que afectan directamente a las condiciones de vida de las personas, la convivencia en los edificios y el modelo de ciudad. Lo mínimo que debe hacer un gobierno municipal es actuar con transparencia y garantizar que estas transformaciones se realizan con todas las garantías", ha señalado Ruiz.
La representante valencianista ha explicado que el caso del Raval Universitari ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar la regulación urbanística municipal para evitar que la conversión de locales comerciales en viviendas se produzca sin una planificación adecuada. En este sentido, Compromís propone establecer una moratoria de dos años en la concesión de nuevas autorizaciones para estos cambios de uso, con el objetivo de disponer del tiempo necesario para modificar el Plan General y definir unas condiciones claras aplicables a toda la ciudad.
"No se trata solo de impedir que los bajos comerciales puedan convertirse en viviendas, sino de poner orden urbanístico. Castelló necesita una regulación que establezca dónde, cómo y en qué condiciones se pueden realizar estas transformaciones. No podemos permitir que la falta de planificación acabe generando viviendas inadecuadas o problemas de convivencia que después tengan que asumir los vecinos y vecinas", ha defendido la representante de Compromís.
Una regulación urbanística para garantizar viviendas "dignas"
Entre las medidas planteadas por la coalición figura la modificación del Plan General para fijar una superficie mínima de 50 metros cuadrados para las nuevas viviendas resultantes de la transformación de locales comerciales. La propuesta también contempla reforzar las condiciones urbanísticas y de habitabilidad, con especial atención a la ventilación, la iluminación natural, la accesibilidad y la compatibilidad de los nuevos usos residenciales con las características de los edificios y del entorno urbano.
Compromís considera que la transformación de bajos comerciales no puede convertirse en una vía para generar viviendas de dimensiones reducidas o con condiciones inadecuadas, especialmente en un contexto de dificultades crecientes para acceder a una vivienda. Por ello, la formación defiende que cualquier cambio de uso debe estar sometido a una regulación urbanística clara, con criterios homogéneos y garantías suficientes tanto para las futuras personas residentes como para las comunidades de propietarios.
"La necesidad de vivienda no puede servir de excusa para aceptar cualquier cosa. No podemos responder a la crisis de la vivienda permitiendo que se construyan viviendas sin las condiciones adecuadas. Queremos que Castelló tenga más vivienda, pero sobre todo que sea digna, accesible y que responda a una planificación urbana pensada para las personas, no para facilitar operaciones inmobiliarias", ha remarcado Ruiz.
La transparencia en los expedientes urbanísticos
Asimismo, la actual diputada ha insistido en la importancia de que el Ayuntamiento garantice la transparencia de los expedientes urbanísticos y facilite la información solicitada por las personas afectadas. Para Compromís, las comunidades de propietarios deben poder conocer las actuaciones que se proyectan en sus edificios y disponer de información sobre el cumplimiento de la normativa urbanística y las posibles afecciones a los elementos comunes.
Finalmente, Ruiz ha defendido que la moratoria de dos años debe permitir abordar una regulación integral de estos cambios de uso, con criterios claros que eviten la improvisación y garanticen un desarrollo urbano equilibrado. "Carrasco debe dejar de mirar hacia otro lado y poner orden urbanístico en Castelló. Necesitamos normas claras, transparencia y garantías para que la transformación de los bajos comerciales no se haga a costa de la calidad de las viviendas ni de la convivencia en los edificios. La ciudad no puede crecer a golpe de improvisación urbanística. Desde Compromís planteamos una moratoria para revisar la normativa y garantizar que cualquier nueva vivienda cumpla unas condiciones dignas", ha concluido Vero Ruiz.
