CASTELLÓ (EFE). La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a diez meses y dieciséis días de prisión y una multa de 540 euros a un empresario dedicado a los productos petrolíferos y los combustibles que estafó 76.615 euros a un inversor.

Además, deberá abonar en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 61.615 euros -el resto ya lo devolvió- más los intereses legales. El tribunal ha acordado la suspensión del ingreso en prisión a condición de que el procesado no vuelva a delinquir en los próximos tres años, según el fallo hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. 

Según consta en los hechos probados de esta sentencia, que ya es firme por expreso consentimiento de las partes, en 2018 el acusado -que no tiene antecedentes penales- mantuvo contactos comerciales con la víctima y ambos formalizaron tres contratos de préstamo, con la única finalidad de que el capital prestado constituyera un anticipo de las facturas que la firma del procesado emitiera a sus clientes por suministro de combustible. 

Dichos contratos fueron por 35.000 euros, 35.000 y 15.000, con interés de entre 5,5 y 10 % cada 30 días. 

En los tres contratos indicados el acusado, para dotar de mayor solvencia y seriedad a la operación, hizo constar que el capital prestado se encontraba asegurado a través de una póliza, pero ésta nunca llegó a formalizarse al no haberse satisfecho el importe de la correspondiente prima. 

Tras la firma de los citados contratos, el acusado no destinó las cantidades debidas al destino pactado y no procedió a la devolución de la totalidad de la cantidad recibida en préstamo, dando un uso del dinero recibido diferente al pactado, según consta en la sentencia. 

En septiembre de 2018 el acusado se volvió a poner en contacto con la víctima e intentó obtener de ella otros 300.000 euros alegando que dicha cantidad era la que le faltaba para adquirir una licencia con una compañía estadounidense para la venta y distribución de petróleo. Para ello exhibió documentos falsificados y esta operación no llegó a realizarse. 

La víctima reclama la cantidad de 76.615 euros, de la que consta que 15.000 euros fueron ya abonados en su día y los 61.615 restantes han sido consignados por el acusado.