CASTELLÓ. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una Declaración Institucional para llevarla al pleno del próximo jueves con el objetivo de instar al Gobierno de España a colaborar activamente con la justicia en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, ha señalado que "estamos asistiendo a una preocupante pérdida de valores en la vida pública, donde parece que todo vale, se responsabiliza siempre a los demás y nadie quiere reconocer sus propios errores. No se puede exigir ejemplaridad al adversario y eludir las explicaciones cuando las dudas afectan al entorno político propio".
Toledo ha advertido de que "la política debe recuperar principios básicos como la responsabilidad, la coherencia y el respeto a las instituciones. Cuando existen sospechas sobre la utilización de recursos públicos, la obligación de cualquier gobierno es facilitar la información y contribuir a que se conozca la verdad, sin buscar culpables fuera ni desacreditar a quienes investigan".
La Declaración Institucional recuerda que, ante el avance de las diligencias, el Ejecutivo y el entorno socialista recurrieron al argumento del lawfare para presentar la investigación como una supuesta utilización política de la Justicia. Sin embargo, el documento sostiene que las manifestaciones realizadas por personas directamente vinculadas a la operación debilitan esa tesis y obligan a ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido.
A juicio del Grupo Municipal Popular, ya no resulta suficiente atribuir las investigaciones a una persecución política cuando algunos de los propios implicados habrían reconocido los hechos que se les imputan y se habrían puesto a disposición de la Justicia para colaborar con las diligencias. Por ello, los populares defienden que la respuesta institucional debe ser la cooperación y no el enfrentamiento con jueces y tribunales.
"Durante demasiado tiempo hemos visto cómo se culpa a los demás, se cuestiona a los investigadores y se evita asumir cualquier responsabilidad. Pero las reglas deben ser las mismas para todos y ningún partido puede reclamar transparencia cuando está en la oposición y olvidarla cuando gobierna", ha afirmado Toledo.
La iniciativa se hace eco de las últimas confesiones incorporadas a la causa, que apuntarían a la existencia de gestiones y acuerdos relacionados con la concesión del rescate de Plus Ultra mediante el fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El procedimiento judicial deberá determinar el alcance de esas actuaciones y las responsabilidades que pudieran derivarse.
En este sentido, Toledo ha manifestado que "las confesiones del presunto testaferro del expresidente del Gobierno y de los máximos responsables de Plus Ultra evidencian que la SEPI pudo gestionarse durante años como si fuera un cortijo en el que hacer y deshacer a su antojo. Ante hechos de esta gravedad no caben silencios, excusas ni ataques a la justicia, sino claridad y colaboración".
El portavoz popular ha insistido en que "no corresponde a los representantes políticos anticipar condenas ni sustituir el trabajo de los jueces, pero sí garantizar que las instituciones no pongan obstáculos y que toda la documentación necesaria esté a disposición de quienes deben esclarecer lo sucedido".
La propuesta de acuerdo insta al Gobierno de España a adoptar los mecanismos oportunos para colaborar activamente con la Justicia y determinar quién pudo actuar desde el entorno del actual Ejecutivo como colaborador necesario para que el anterior presidente socialista pudiera beneficiarse presuntamente de una comisión vinculada al rescate de Plus Ultra. Asimismo, contempla trasladar el acuerdo a los grupos políticos de la provincia de Castellón con representación en las Cortes Generales.
"Regenerar la política significa dejar de utilizar una vara de medir distinta según quién esté siendo investigado. Quien comete un error debe reconocerlo, quien tiene una responsabilidad debe asumirla y quien administra el dinero de los ciudadanos debe rendir cuentas con absoluta transparencia", ha concluido Sergio Toledo.
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